El anuncio del Gobierno de Bernardo Arévalo de impulsar un nuevo subsidio temporal a los combustibles fue recibido con cautela por numerosos guatemaltecos, quienes expresaron dudas sobre si la medida realmente aliviará el costo de vida. Esa desconfianza no solo responde a experiencias pasadas, sino también a la incertidumbre política que rodea la iniciativa, cuya aprobación dependerá de un Congreso donde ya afloran posiciones encontradas.
El Ejecutivo propone un subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con un costo estimado de Q3 mil 480 millones. El plan sería financiado mediante una readecuación presupuestaria, sin recurrir a endeudamiento público, según explicó el Gobierno, que sostiene que los recursos provendrán de una reorganización interna.
Aunque el Ejecutivo defiende el subsidio como la alternativa más rápida para aliviar el impacto del alza de los combustibles, las primeras reacciones en el Legislativo evidencian que la iniciativa enfrentará un amplio debate. Nery Ramos, secretario de la Junta Directiva del Congreso, adelantó que su bloque ya analiza distintas opciones antes del ingreso formal del proyecto. “Desde ya, junto a mi bloque, estamos analizando la propuesta que mejor favorezca el bolsillo de los guatemaltecos. Estos costos tan altos son insostenibles para la economía de los ciudadanos”, afirmó.
Las diferencias entre bancadas son marcadas. El bloque Todos volvió a respaldar la eliminación temporal de impuestos a los combustibles al considerar que los subsidios anteriores no beneficiaron directamente a la población. En la misma línea, el jefe del bloque Cabal, Luis Aguirre, rechazó una nueva ronda de subsidios y cuestionó que el Estado continúe destinando miles de millones de quetzales a este mecanismo, al plantear que esos recursos podrían utilizarse en otras prioridades nacionales.
Desde Winaq, la diputada Sonia Gutiérrez atribuyó el incremento de los precios al conflicto en Medio Oriente y calificó el subsidio como una medida “cómoda” para el Gobierno y únicamente paliativa para los consumidores. Por su parte, el diputado Orlando Blanco, de VOS, sostuvo que la propuesta “no tiene nada de innovador” y recordó que el subsidio aprobado en abril, por Q2 mil millones, se agotó antes de lo previsto. Además, aseguró que entre Q500 millones y Q600 millones terminaron beneficiando a empresas importadoras, por lo que consideró que cobrará fuerza la propuesta de eliminar temporalmente el IVA y el Impuesto de Distribución al Petróleo.
En ese escenario, la incertidumbre que manifiestan numerosos consumidores encuentra respaldo en la falta de consenso político. Mientras el Gobierno insiste en que el subsidio permitirá amortiguar el impacto del aumento de los combustibles, en el Congreso gana fuerza la discusión sobre alternativas como la reducción de impuestos o incluso otras medidas de intervención, por lo que el beneficio anunciado aún deberá superar un complejo proceso de negociación antes de convertirse en una realidad.