Después de casi tres años de atrasos, el Gobierno habilitó el paso a desnivel de la calzada Roosevelt y 9ª avenida de la zona 11, una obra destinada a mejorar la conexión entre las zonas 3, 7 y 11 y aliviar parte de la presión vehicular sobre uno de los principales corredores de la capital. El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, participaron en la inauguración de un proyecto que comenzó durante la administración anterior, pero cuya accidentada ejecución se prolongó durante buena parte del actual Gobierno.
La infraestructura fue contratada originalmente por Q44.9 millones y terminó con un costo superior a Q53.9 millones, un incremento de más de Q9 millones relacionado con deficiencias en la planificación inicial. Los problemas técnicos obligaron a modificar el diseño de las rampas de ingreso y sustituir las vigas previstas originalmente por estructuras postensadas, mientras dificultades administrativas y de supervisión contribuyeron a extender todavía más los plazos.
Durante la inauguración, Arévalo presentó el proyecto como una obra recuperada de los “negocios oscuros del pasado” y sostuvo que pasó de estar detenida por la incompetencia y la corrupción a convertirse en una infraestructura que contribuirá a solucionar el tránsito del área metropolitana. La referencia apunta a problemas originados antes de su llegada al poder, pero la cronología obliga a introducir un matiz. La obra se inaugura cuando la administración de Arévalo acumula ya más de dos años y siete meses al frente del Ejecutivo, un periodo durante el cual tampoco se lograron cumplir varias de las fechas anunciadas para concluirla.
De hecho, durante la gestión actual se produjeron cuatro anuncios fallidos de inauguración, mientras fiscalizaciones en el Congreso señalaron lentitud administrativa tanto en el Ministerio de Comunicaciones como en el Fondo Social de Solidaridad. La falta de una supervisión adecuada llegó a paralizar los trabajos en campo durante casi un año y diputados cuestionaron que las autoridades no hubieran actuado con suficiente diligencia para destrabar los problemas. La cronología reparte así las responsabilidades entre una planificación deficiente heredada y una capacidad institucional que tampoco consiguió resolver con rapidez los obstáculos durante la administración actual.
Los atrasos también tendrán consecuencias económicas para la constructora Cebco. Según explicó Zea, la empresa acumuló 118 días hábiles de incumplimiento y deberá afrontar una sanción aproximada de Q4.3 millones, que será descontada de la liquidación final. La constructora, por su parte, ha atribuido parte de las demoras a interrupciones provocadas desde 2023 por problemas de flujo financiero y por la ausencia de supervisión oficial necesaria para autorizar la continuidad de los trabajos.
La apertura permite finalmente poner al servicio de los automovilistas una infraestructura largamente esperada, pero la inauguración no elimina las preguntas sobre cómo una obra de Q44.9 millones terminó superando los Q53.9 millones y acumulando casi tres años de retrasos. Arévalo tiene argumentos para señalar las deficiencias recibidas de la administración anterior, aunque después de más de dos años y medio de Gobierno resulta difícil atribuir toda la demora exclusivamente al pasado. El funcionamiento del paso a desnivel será ahora la medida de su utilidad, mientras la forma en que fue gestionado deja un caso que atraviesa dos administraciones y vuelve a evidenciar problemas estructurales en la planificación, supervisión y ejecución de la obra pública guatemalteca.