El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) eligió a sus 11 representantes ante la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas, con lo que quedó completada la integración del órgano encargado de evaluar a los aspirantes y elaborar la nómina de candidatos para dirigir la institución durante el período 2026-2030. La elección gremial registró 5,193 votos válidos y distribuyó los puestos entre seis de las 11 planillas que participaron en la contienda.
La jornada convocó a más de 13 mil profesionales colegiados activos y se desarrolló en 22 centros de votación habilitados en el país. El resultado adquiere especial importancia por el peso que tendrá el CPA dentro de la postuladora, ya que sus 11 delegados representan una parte significativa de la comisión y participarán directamente en la evaluación de los expedientes, la calificación de los perfiles y las votaciones que definirán quiénes avanzarán hacia la etapa final.
Con esta elección se completa una comisión integrada también por los decanos de las facultades universitarias que imparten la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas, y el rector designado por las universidades. La presidencia corresponde a Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, elegido previamente por el Foro de Rectores.
El trabajo de la postuladora tendrá como resultado una nómina de seis candidatos que será enviada al Congreso de la República, organismo al que corresponde elegir al próximo contralor general. La importancia del proceso radica en las amplias facultades de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar el uso de recursos públicos en instituciones del Estado, municipalidades y entidades descentralizadas, así como en otras organizaciones y personas que administren fondos públicos.
La integración de la comisión tampoco ha quedado al margen de controversias. Acciones legales han cuestionado la participación de representantes de universidades de reciente creación, bajo el argumento de que debe verificarse si cumplen las condiciones necesarias para formar parte del proceso. La disputa añade presión sobre una elección en la que la legitimidad de la postuladora dependerá tanto del cumplimiento formal de la ley como de la independencia con la que sus integrantes evalúen a los candidatos.
Con los 11 representantes del CPA definidos, el proceso pasa ahora de la disputa por la integración a la evaluación de quienes pretenden dirigir la Contraloría. La selección será especialmente sensible por el poder fiscalizador de la institución y por la capacidad del próximo contralor para incidir en la vigilancia del gasto público, lo que convierte la transparencia de las próximas votaciones en un elemento central para evitar que una elección técnica termine respondiendo a cuotas gremiales, universitarias o políticas.