La Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público concluyó la revisión de objeciones presentadas contra aspirantes al cargo, una de las etapas clave dentro del proceso de selección.
Durante las sesiones de análisis, la comisión evaluó 46 tachas presentadas contra 18 postulantes, las cuales incluían señalamientos relacionados con trayectoria profesional, decisiones tomadas en cargos públicos o cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar la jefatura del Ministerio Público.
Tras revisar los argumentos y la documentación presentada, los comisionados resolvieron no excluir a ningún aspirante por estas objeciones, por lo que los 49 candidatos inscritos continúan dentro del proceso de selección. Entre los aspirantes señalados figura la actual fiscal general, María Consuelo Porras, quien concentró la mayor cantidad de tachas presentadas durante esta fase del proceso.
Durante la discusión, varios comisionados respaldaron a Porras y rechazaron la mayoría de objeciones presentadas en su contra, lo que permitió que la actual jefa del Ministerio Público continúe en la carrera por la reelección.
En paralelo, la comisión modificó el cronograma del proceso para recibir y analizar pruebas de descargo presentadas por aspirantes que enfrentan señalamientos dentro del proceso de selección. La decisión busca dar más tiempo a los postulantes para responder a las objeciones presentadas en su contra, conocidas como tachas, que son evaluadas por los comisionados antes de determinar si afectan su continuidad en la carrera por dirigir la Fiscalía.
De esta forma, los aspirantes señalados podrán presentar recursos y documentación adicional en los próximos días para responder formalmente a los señalamientos planteados y aclarar posibles cuestionamientos sobre su expediente.
El proceso continuará con la evaluación de los perfiles y méritos de los postulantes, tras lo cual la comisión deberá integrar una nómina final de seis candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.
De acuerdo con la ley, el mandatario deberá elegir y nombrar al próximo fiscal general antes del 17 de mayo de 2026, fecha en la que concluye el período de la actual jefa del Ministerio Público. El funcionario designado asumirá el cargo para el período 2026-2030.