La Comisión de Postulación para fiscal general avanzó en la nueva fase del proceso al definir que solo cuatro expedientes serían objeto de recalificación, tras concluir la revisión inicial ordenada por la Corte de Constitucionalidad.
Los expedientes que fueron recalificados correspondieron a Gabriel Estuardo García Luna, Amílcar Enrique Colindres, Walter Paulino Jiménez Texaj y Marco Antonio Villeda, quienes fueron nuevamente evaluados bajo el criterio constitucional que descartó equiparar automáticamente la función de juez con el ejercicio profesional de la abogacía.
Los ajustes en los puntajes evidenciaron el impacto directo del nuevo criterio. Walter Paulino Jiménez Texaj perdió 42 puntos tras excluirse su experiencia como juez, pasando de 86.73 a 44.73 puntos. Con esta reducción, el exmagistrado suplente de la CC, que figuraba como elegible, quedó fuera del proceso de selección.
En el caso de Gabriel Estuardo García Luna, la comisión redujo 14 puntos al retirar la experiencia judicial presentada, lo que llevó su calificación de 86.21 a 72.21 puntos. Pese al ajuste, el aspirante se mantuvo dentro del grupo de los 12 elegibles, lo que le permitió continuar en la competencia.
Para Amílcar Enrique Colindres, la recalificación tuvo un efecto más severo. La comisión dejó de considerar 13 años de experiencia profesional como juez, lo que derivó en un punteo final de 20.86 puntos, ubicándolo en una posición rezagada dentro del proceso.
En ese grupo, el caso de Marco Antonio Villeda adquirió especial relevancia, ya que volvió a ser considerado tras haber quedado relegado en la primera evaluación. La comisión informó que Villeda había ejercido diversos cargos en el Organismo Judicial desde 1990, un elemento que debía ser revisado bajo el nuevo criterio constitucional.
Sin embargo, el ajuste no modificó su posición. La postuladora decidió mantener la calificación de Villeda en 41.86 puntos, luego de no validar su experiencia profesional debido a que presentó una constancia de inscripción ante la Corte Suprema de Justicia correspondiente a 2026, lo que impidió acreditar el tiempo requerido.
El impacto de la salida de Jiménez Texaj generó un efecto directo en la integración del grupo final. Al quedar fuera uno de los 12 aspirantes elegibles, la comisión debía verificar la incorporación de un nuevo candidato que cumpliera con el puntaje requerido, lo que abrió la posibilidad de que perfiles previamente rezagados ingresaran a la lista.
En ese escenario, Carlos Alberto García Alvarado surgió como uno de los nombres que podría ser considerado para integrar el grupo de los 12 elegibles, dependiendo de la revisión final de puntajes y el cumplimiento de los requisitos establecidos.
El procedimiento mantuvo los plazos definidos por la Corte. La comisión dispuso de 48 horas para ejecutar la recalificación y ahora tiene 24 horas adicionales para integrar una nueva nómina, la cual debía ser remitida de inmediato al Ejecutivo para retomar la fase de designación.
El resultado fue una fase de corrección con efectos concretos. La nueva evaluación no rehizo por completo el proceso, pero sí redefinió el tablero de aspirantes, abriendo la puerta a un nuevos ingreso en la lista de aspirantes elegibles en uno de los procesos más sensibles del sistema de justicia guatemalteco.