La Comisión de Postulación para elegir al próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) inició formalmente sus trabajos y aprobó el reglamento interno y el cronograma que marcarán el proceso de selección. Tras instalarse este viernes 14 de agosto en la Universidad Rafael Landívar (URL), los 27 comisionados establecieron las reglas que deberán conducir hasta la conformación de una nómina de seis candidatos, que será enviada al Congreso para la elección definitiva.
La comisión, presidida por Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, acordó que las votaciones serán a viva voz, nominativas y candidato por candidato, sin posibilidad de votar por bloques. Para sesionar será necesaria la presencia de al menos 18 de los 27 integrantes, y también se requerirán 18 votos para adoptar resoluciones. Las sesiones serán públicas y grabadas, mientras los documentos del proceso deberán estar disponibles para consulta.
Entre las disposiciones aprobadas destaca además la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la revisión de expedientes, evaluaciones, entrevistas y votaciones. No prosperó, sin embargo, la propuesta de obligar a cada comisionado a justificar públicamente el sentido de su voto: podrán razonarlo si así lo desean, pero no tendrán obligación de hacerlo. Este último punto será especialmente observado cuando comience la depuración de candidatos.
El cronograma establece una carrera ajustada. La convocatoria se publicará el 20 de agosto en el Diario Oficial y los expedientes se recibirán los días 22, 24 y 25. El 28 de agosto se conocerá el listado de aspirantes excluidos por incumplimiento de requisitos; el 1 y 2 de septiembre podrán presentar pruebas de descargo y el 4 se publicará la lista de quienes continúan. Las tachas ciudadanas podrán plantearse el 7 y 8 de septiembre, mientras las entrevistas están previstas para el 10 y 11. La nómina definitiva deberá llegar al Congreso el 22 de septiembre.
La postuladora utilizará una tabla de gradación, entrevistas y pruebas psicométricas para evaluar capacidad, idoneidad y honradez. La siguiente sesión quedó programada para el 18 de agosto a las 9:00 horas, cuando continuará la definición de los instrumentos de evaluación. El calendario deja poco espacio para retrasos antes de que finalice el actual período del contralor, previsto para el 12 de octubre.
El proceso comienza, sin embargo, bajo cuestionamientos sobre la posible influencia de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos, quien intentó presidir la postuladora, pero perdió frente a Cortés. Investigaciones periodísticas han señalado vínculos académicos, gremiales o políticos entre algunos de sus 27 integrantes y sectores cercanos a Mazariegos y figuras de Vamos. La atención se concentra particularmente en los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, cuya elección resultaba decisiva para la configuración de posibles mayorías. Esas relaciones no prueban que exista un bloque coordinado, pero mantienen bajo escrutinio la independencia de la comisión.
La elección tiene además una dimensión particularmente sensible de cara a 2027. La CGC no solo fiscaliza el uso de los recursos públicos, sino que participa en la emisión de finiquitos, documentos que pueden resultar determinantes para funcionarios y personas que aspiren a cargos de elección popular. El Congreso deberá escoger al próximo contralor para el período 2026-2030 entre los seis nombres propuestos por la comisión, para lo cual serán necesarios 81 votos.
La aprobación del reglamento introduce controles relevantes —voto público, sesiones abiertas, prohibición de celulares y un umbral de 18 votos—, pero no elimina las dudas surgidas alrededor de la composición de la postuladora. El verdadero examen comenzará con la evaluación de los aspirantes y, sobre todo, con las votaciones: será entonces cuando podrá comprobarse si predominan los méritos de los candidatos o si las conexiones e intereses políticos señalados durante la conformación de la comisión terminan reflejándose en la nómina que llegará al Congreso.