La Comisión de Postulación para fiscal general reanudó la sesión este 17 de abril bajo presión de tiempo, luego de haberla suspendido sin concluir la evaluación de todos los aspirantes, en un proceso marcado por plazos legales y disputas aún activas. La jornada avanzó con la revisión de los expedientes pendientes en medio de un clima de tensión, mientras el reloj apremiaba para cerrar la fase de calificación.
Hasta ese momento, ocho candidatos habían superado la evaluación, pero conforme avanzó la jornada el número se ajustó a nueve aspirantes que lograron superar la línea de corte de 75 puntos, consolidándose como los únicos elegibles para integrar la nómina final. Este dato introdujo un nuevo punto de presión en el proceso, ya que el número de aspirantes calificados quedó por debajo de los parámetros esperados, obligando a la comisión a debatir posibles ajustes en plena recta final.
El expediente del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, concentró la mayor atención política y jurídica. Su evaluación terminó por convertirse en el punto más álgido del proceso, tanto por los criterios aplicados como por sus implicaciones en la integración final de la nómina.
El proceso dio un giro determinante durante la revisión de su expediente, en una sesión marcada por fricciones internas que incluyó incluso la salida momentánea de la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, en medio de cuestionamientos sobre la validez de la documentación presentada. La discusión se centró en una circunstancia inusual que puso en duda la acreditación de su trayectoria profesional, obligando a los comisionados a replantear criterios en plena recta final.
Finalmente, la Comisión resolvió no ponderar la experiencia profesional de Villeda, al establecer que su constancia de inscripción como abogado ante la Corte Suprema de Justicia data de 2026, lo que le impidió sumar en ese rubro y lo dejó con apenas 10 puntos en experiencia profesional. Con ello, Marco Antonio Villeda recibió una calificación total de 41.86 puntos, un resultado que terminó por ser determinante en su exclusión.
En paralelo, el proceso dejó otra señal política relevante en la depuración de aspirantes. Varios candidatos considerados cercanos al Ejecutivo quedaron fuera durante la fase de evaluación, al no alcanzar la puntuación mínima exigida dentro de la tabla de gradación. Este resultado reconfigura el escenario final, ya que la exclusión de estos perfiles rompe la expectativa de una lista alineada con el oficialismo y refuerza la idea de un proceso donde los criterios técnicos, al menos en esta etapa, terminaron imponiéndose sobre los equilibrios políticos.
Sin embargo, el proceso de postulación enfrenta un obstáculo inmediato, ya que la postuladora requiere al menos 12 aspirantes con más de 75 puntos para conformar la nómina, una cifra que no se alcanza con los resultados actuales. Esto obliga a la comisión a discutir si mantiene el umbral o lo reduce para habilitar a más candidatos, una decisión que impacta directamente en la credibilidad del proceso.
Con el plazo venciendo ya ese mismo 17 de abril, el proceso entra en su fase determinante, ya que la comisión debía seleccionar a seis candidatos que integrarán la nómina final que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, para que este, antes del 17 de mayo elija al nuevo fiscal general para el periodo 2026 – 2030.
La Comisión de Postulación decidió trasladar la conformación de la nómina final, posponiendo la votación para el lunes 20 de abril a las 13:00 horas, en un movimiento que refleja las tensiones y ajustes de última hora dentro del proceso.