La elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala volvió a quedar bajo fuerte presión judicial y política luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas solicitaran que el proceso sea anulado de forma definitiva, reactivando uno de los conflictos universitarios y políticos más prolongados de los últimos años en el país.
La petición fue presentada dentro del proceso legal que cuestiona la elección realizada en mayo de 2022, un evento que desde el inicio estuvo marcado por denuncias de irregularidades, exclusión de cuerpos electorales y protestas estudiantiles que derivaron en tomas universitarias, enfrentamientos y una crisis institucional sin precedentes recientes dentro de la Usac.
La postura asumida por la PGN y la Contraloría representa uno de los golpes institucionales más delicados para la permanencia de Mazariegos al frente de la universidad pública, debido a que ambas entidades consideran que existieron anomalías que comprometen la legalidad del proceso electoral.
La elección de Mazariegos ocurrió en medio de fuertes tensiones internas luego de que varios cuerpos electorales fueran excluidos del proceso previo a la votación definitiva realizada en el Parque de la Industria. Sectores universitarios, docentes, estudiantes y agrupaciones opositoras denunciaron desde entonces que la designación carecía de legitimidad y que el procedimiento había favorecido únicamente a determinados bloques afines al entonces candidato.
Aquella crisis provocó meses de ocupaciones dentro del campus central y distintas sedes universitarias, mientras estudiantes y colectivos sancarlistas mantenían protestas exigiendo nuevas elecciones y denunciando lo que calificaban como un “fraude universitario”. El conflicto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polarizantes dentro de la historia reciente de la universidad estatal.
El caso también adquirió dimensión política nacional debido al peso histórico de la Usac dentro de la vida institucional guatemalteca, especialmente por su influencia en espacios académicos, movimientos sociales, formación profesional y participación dentro de distintas comisiones de postulación del Estado.
Aunque Walter Mazariegos logró mantenerse en el cargo pese a los recursos judiciales y la conflictividad interna, la nueva postura de la PGN y la Contraloría vuelve a abrir incertidumbre sobre la estabilidad jurídica de su rectorado y sobre las posibles consecuencias administrativas y políticas que podría enfrentar la universidad si los tribunales deciden anular definitivamente el proceso.
Hasta ahora, las autoridades universitarias no han emitido una postura amplia sobre la petición presentada por ambas instituciones, mientras sectores opositores consideran que la solicitud confirma las denuncias que sostuvieron desde 2022 sobre presuntas irregularidades en la elección.
La resolución final del caso podría tener impacto no solo dentro de la Usac, sino también sobre el escenario político nacional, tomando en cuenta que la universidad pública mantiene influencia directa en estructuras estatales, procesos de elección de autoridades y debates vinculados a autonomía universitaria y gobernabilidad institucional.