Pedro Alejandro Duque Soto, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales implicados en el supuesto desfalco millonario contra el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), recuperará su libertad bajo medidas sustitutivas mientras continúa el proceso penal en su contra. La decisión representa un giro en uno de los casos de presunta corrupción financiera más relevantes que actualmente se encuentran bajo investigación.
Aunque dejará la prisión preventiva, Duque permanece ligado a proceso por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. El empresario fue capturado en febrero de este año y figura entre los principales sindicados dentro de una investigación que apunta a una estructura que habría sustraído aproximadamente Q20 millones del CHN mediante mecanismos financieros irregulares.
La petición de los abogados del procesado fue conocida durante una audiencia celebrada en horas de la mañana, en la que el juzgado resolvió sustituir la prisión preventiva por una serie de medidas de control. Estas incluyen arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, el uso obligatorio de un brazalete de control telemático, arraigo y el pago de una caución económica equivalente al 1 % del monto presuntamente desfalcado al Crédito Hipotecario Nacional. Con estas disposiciones, Duque continuará sometido al proceso penal fuera de prisión mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, entre enero y marzo de 2024 fueron aprobados préstamos de hasta Q400 mil por persona a beneficiarios que no contaban con el perfil económico requerido para acceder a esos montos. La investigación sostiene que la estructura utilizó empresas de cartón, trámites bancarios anómalos y extrafinanciamientos autorizados sin los controles internos correspondientes para facilitar la salida de recursos de la entidad estatal.
El Ministerio Público también señala que una empresa vinculada a Duque habría adquirido vehículos de alta gama sin contar con respaldo financiero suficiente para justificar dichas operaciones. Según la tesis fiscal, estas transacciones formarían parte del esquema utilizado para movilizar fondos presuntamente obtenidos de manera irregular dentro del banco estatal.
La resolución judicial contrasta con una decisión adoptada apenas semanas atrás. El pasado 26 de mayo, el mismo juzgado rechazó una solicitud de medidas sustitutivas, manteniendo en ese momento la prisión preventiva para los principales sindicados del caso. El cambio de criterio ocurre apenas quince días después de que el juzgado considerara insuficientes los argumentos de la defensa para sustituir la medida de coerción.
La atención que ha generado el expediente quedó evidenciada desde las primeras diligencias judiciales. Durante la audiencia de primera declaración celebrada en marzo, el juez reveló públicamente que había recibido múltiples llamadas y mensajes de distintas personas interesadas en el caso, incluyendo funcionarios públicos. En esa ocasión advirtió que cualquier intento de influir en sus decisiones sería puesto en conocimiento del Ministerio Público y enfatizó que el proceso se resolvería exclusivamente con base en las pruebas y en la legislación vigente.
En un país donde históricamente han existido cuestionamientos sobre la independencia judicial y la influencia de redes políticas en determinados procesos, el cambio de criterio judicial inevitablemente alimentará suspicacias. La situación cobra especial atención debido a que Pedro Duque ha sido vinculado públicamente por diversas publicaciones periodísticas con actores políticos relevantes, entre ellos Nery Ramos, primer vicepresidente del Congreso, con quien se le ha señalado una relación de cercanía. El nombre de Duque también ha aparecido asociado a reportes sobre apoyo a estructuras y campañas políticas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que vincule a ningún otro actor político con la resolución que otorgó las medidas sustitutivas. La discusión relevante no es si existieron presiones —algo que el propio juez reconoció haber percibido al inicio del caso— sino si la decisión judicial está suficientemente fundamentada para explicar por qué una medida que fue rechazada el 26 de mayo terminó siendo concedida apenas dos semanas después.
La concesión de medidas sustitutivas no implica el cierre del caso ni modifica las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Duque continuará sometido al proceso penal mientras el Ministerio Público intenta sustentar los señalamientos relacionados con el supuesto desfalco millonario al CHN, un expediente que sigue generando atención debido a sus implicaciones financieras, políticas e institucionales.