La propuesta del Gobierno para subsidiar nuevamente los combustibles entró en su tercera semana sin conseguir respaldo político y quedó fuera de la agenda de las próximas sesiones del Congreso, profundizando la imagen de un oficialismo cada vez más aislado dentro del Legislativo. La iniciativa 6801, presentada como una respuesta urgente al encarecimiento de los carburantes, contempla Q12 de apoyo por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular hasta finales de 2026, con un costo estimado de Q3 mil 480 millones.
El contraste político resulta especialmente significativo porque fue el propio presidente Bernardo Arévalo quien anunció la medida hace tres semanas mediante un mensaje extraordinario a la nación, en el que defendió la necesidad de actuar con urgencia para proteger la economía de las familias y contener el impacto del combustible sobre los precios. El Ejecutivo buscó trasladar esa urgencia al Congreso, pero la iniciativa no ha conseguido generar un bloque de apoyo y, por ahora, ninguna bancada parece dispuesta a asociarse políticamente con el nuevo subsidio en los términos planteados por el Gobierno.
La falta de respaldo quedó nuevamente expuesta durante la instancia de jefes de bloque, donde se modificó la agenda de las sesiones plenarias sin incorporar ninguna propuesta relacionada con los combustibles. El subsidio pasó así de ser presentado como una prioridad nacional a quedar fuera de la discusión inmediata del Congreso, mientras el diputado oficialista José Carlos Sanabria reconoce que todavía se evalúa si insistir con la iniciativa original, introducir modificaciones o buscar otro mecanismo. Entre las alternativas mencionadas aparece la creación de un fondo, aunque hasta ahora no existe una fórmula consensuada.
Las objeciones proceden de distintos sectores del Legislativo y dificultan que el Ejecutivo encuentre siquiera aliados circunstanciales. Algunas bancadas cuestionan el costo fiscal y la efectividad del primer subsidio aplicado este año, mientras otras han planteado reducir temporalmente los impuestos sobre los combustibles, opción que el Gobierno rechaza por su impacto sobre los ingresos públicos. El dato políticamente relevante es que posiciones distintas terminan coincidiendo en un mismo resultado: no respaldar la nueva iniciativa oficialista, pese a que representantes de los ministerios de Energía y Minas, Economía y Finanzas, así como de la SAT, han acudido al Congreso para defenderla.
El escenario también evidencia cómo comienzan a modificarse los equilibrios políticos conforme se aproximan las elecciones de 2027. El Gobierno de Arévalo, que durante buena parte de su mandato dependió de acuerdos puntuales con bancadas ajenas para sacar adelante determinadas iniciativas, encuentra ahora mayores dificultades para construir esas mayorías. El subsidio se está convirtiendo en una prueba de la creciente soledad legislativa del oficialismo, porque incluso diputados que anteriormente podían acompañar determinadas propuestas gubernamentales parecen poco interesados en asumir el costo político de respaldar un nuevo desembolso multimillonario.
A la debilidad parlamentaria se suma un cambio en el propio mercado. Durante la última semana, las gasolinas bajaron alrededor de Q2.70 por galón y el diésel Q1.52 sin una nueva intervención estatal, mientras el programa anterior consumió Q1 mil 932 millones de los Q2 mil millones autorizados. Tres semanas después de que Arévalo presentara el subsidio como una respuesta urgente ante la nación, la iniciativa permanece sin aliados suficientes, fuera de la agenda y bajo cuestionamientos sobre su necesidad y costo. El Ejecutivo deberá decidir ahora si modifica sustancialmente su propuesta para atraer apoyos o acepta que una de sus principales apuestas económicas recientes carece, en las condiciones actuales, de viabilidad política.