El proceso continuó el 24 de abril tras el receso decretado por la Comisión de Postulación luego de completar la recalificación de los puntajes. Con las nuevas calificaciones sobre la mesa, los comisionados retomaron la sesión y avanzaron hacia la fase decisiva, en la que una nueva votación terminó por reconfigurar la nómina final de seis candidatos que será remitida al Ejecutivo.
El resultado fue una nómina distinta. Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León Ramírez, Beyla Adaly Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna y César Augusto Ávila Aparicio lograron sostenerse dentro del listado final, mientras que Carlos Alberto García Alvarado se incorporó como el único nuevo integrante, tras los ajustes derivados de la recalificación.
El relevo se produjo en el último tramo del proceso. Zoila Tatiana Morales Valdizón quedó fuera de la nómina, en un movimiento que reflejó el impacto directo de la nueva correlación de fuerzas dentro de la comisión y de los cambios en la tabla de gradación. La sustitución no solo modificó el listado, sino que evidenció cómo ajustes puntuales podían alterar la composición final.
Uno de los elementos más relevantes fue la consolidación de candidaturas que lograron sostenerse pese a la recalificación, lo que les permitió llegar a la fase final con una ventaja frente a perfiles debilitados o excluidos. Este factor resultó determinante en la votación, donde no solo pesaron los números, sino también la viabilidad de cada aspirante dentro del pleno.
A nivel institucional, la nueva votación dejó en evidencia un proceso que, aunque formalmente ajustado al mandato constitucional, avanzó bajo una lógica de corrección acelerada. La comisión no rehizo el proceso desde cero, pero sí tuvo que redefinir decisiones clave en cuestión de horas, lo que plantea cuestionamientos sobre la consistencia de los criterios aplicados y la estabilidad del método de selección.
Con la nómina finalmente integrada, el expediente fue remitido al Ejecutivo, que deberá elegir al próximo fiscal general dentro de un listado que ya no responde al diseño original del proceso, sino a una versión modificada por intervención judicial y ajustes técnicos de última hora. La recomposición de la lista redefine así el punto de partida para la decisión presidencial en uno de los nombramientos más sensibles del sistema de justicia guatemalteco.