La reestructuración impulsada por el fiscal general Gabriel García Luna dentro del Ministerio Público (MP) dio este miércoles uno de sus pasos más significativos con la destitución de nueve fiscales, entre ellos Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la exfiscal general Consuelo Porras, quien durante la administración anterior ocupó distintos cargos de relevancia dentro de la institución. La decisión confirma que la revisión interna ya no se limita a traslados administrativos, sino que comienza a alcanzar a funcionarios identificados con la gestión que dirigió el MP durante los últimos ocho años.
Porres de Paz había sido trasladado a inicios de junio a la Fiscalía Municipal de Palencia, como parte de los primeros movimientos ordenados por la nueva administración tras la salida de Porras. Sin embargo, un mes después quedó fuera de la institución, junto con otros ocho fiscales, según confirmó el Ministerio Público. La medida se suma a una serie de remociones, renuncias y nuevos nombramientos que buscan reorganizar la estructura heredada por la administración anterior.
Entre los funcionarios separados también figuran fiscales que participaron en investigaciones de alto perfil durante la gestión de Consuelo Porras, algunos de ellos incluidos en sanciones impuestas por Estados Unidos o señalados internacionalmente por presuntamente haber contribuido al debilitamiento de las instituciones democráticas. Aunque el Ministerio Público no detalló las razones individuales de cada destitución, la decisión se produce en medio de las evaluaciones internas anunciadas por García Luna, quien ha advertido que la revisión de expedientes y actuaciones administrativas podría derivar en nuevas responsabilidades dentro de la institución.
Las destituciones representan uno de los movimientos más relevantes desde el cambio de autoridades en el Ministerio Público y consolidan la estrategia del nuevo fiscal general de reconfigurar la estructura que dejó la administración de Consuelo Porras, una gestión marcada por cuestionamientos nacionales e internacionales por el manejo de investigaciones de corrupción y procesos de alto impacto político. Con estas decisiones, el nuevo liderazgo del MP envía una señal de que la reorganización institucional continúa y que la permanencia de funcionarios vinculados a la administración anterior dependerá de las evaluaciones que actualmente se desarrollan dentro del ente investigador.