El Ministerio Público aceleró acciones judiciales contra la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, Astrid Lemus, horas antes de que asuma funciones en la nueva integración del máximo tribunal, en un movimiento que incrementa la tensión alrededor del relevo institucional previsto para este 14 de abril.
De acuerdo con fuentes judiciales, un expediente contra Lemus fue elevado a la Sala Tercera Penal, instancia que meses atrás autorizó órdenes de captura contra personal vinculado a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo que ha generado preocupación por el alcance de las acciones en curso.
La abogada fue electa magistrada titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para el período 2026-2031, en un proceso que permanece bajo investigación del Ministerio Público, luego de allanamientos realizados durante la jornada electoral en la capital.
Según la información, el caso estaba inicialmente en el Juzgado Sexto Penal, que no habría resuelto de manera favorable al Ministerio Público, tras lo cual el ente investigador recusó al juez, quien posteriormente se inhibió, lo que provocó que el expediente fuera trasladado a la Sala Tercera Penal.
Fuentes consultadas indicaron que el expediente fue elevado este 13 de abril a dicha sala, la misma que anteriormente autorizó más de 20 órdenes de captura, entre ellas contra el exjefe de la Cicig, Iván Velásquez, resoluciones que posteriormente fueron desestimadas por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.
También trascendió que el Ministerio Público habría solicitado una orden de captura contra Lemus por el caso Toma Usac el pasado 10 de abril, expediente que se encuentra en el Juzgado Décimo Penal, sin que hasta ahora se conozca la resolución.
La Corte de Constitucionalidad remitió a la Corte Suprema de Justicia varios amparos que buscan evitar posibles órdenes judiciales que impidan la toma de posesión de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, electos como magistrados de la nueva magistratura, al considerar que existen acciones legales que podrían interferir con su juramentación, por lo que los expedientes fueron acumulados y enviados para su análisis correspondiente.
El caso ocurre en la antesala de la juramentación de la nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad, en un contexto de alta tensión institucional y con disputas en torno al control de las principales instancias del sistema de justicia, lo que convierte el episodio en uno de los movimientos más sensibles en la recta final del relevo constitucional.