La Fiscalía de Bolivia solicitó una condena de hasta 20 años de prisión contra el expresidente Evo Morales dentro del proceso por presunta trata de personas, un caso que escala en medio de una creciente crisis política y social marcada por bloqueos, protestas y una fractura cada vez más profunda dentro del oficialismo boliviano.
La acusación contra Morales se relaciona con una presunta relación con una menor de edad durante el tiempo en que ejercía la Presidencia, hechos que, según la Fiscalía, podrían configurar delitos de trata agravada. La justicia boliviana declaró recientemente en rebeldía al exmandatario tras no presentarse a una audiencia en Tarija y emitió nuevas órdenes de captura y arraigo. Los fiscales aseguran contar con más de 170 pruebas dentro del expediente, mientras la defensa insiste en que el proceso responde a una persecución política.
Morales reaccionó exigiendo garantías de imparcialidad y respeto al principio de presunción de inocencia, afirmando que el caso forma parte de una estrategia judicial destinada a impedir su retorno político. El exgobernante permanece resguardado en el Chapare, bastión histórico de apoyo sindical y cocalero donde sus seguidores han impedido anteriormente operativos policiales para detenerlo.
El deterioro judicial ocurre simultáneamente con una nueva ola de conflictividad social. El Gobierno boliviano acusó directamente a Evo Morales de estar detrás de los bloqueos y protestas que paralizan distintas regiones del país, particularmente en La Paz y zonas estratégicas de conexión comercial. Según autoridades bolivianas, sectores afines al expresidente estarían impulsando las movilizaciones para desestabilizar al Ejecutivo en medio del deterioro económico y la crisis de abastecimiento de combustible. La administración boliviana sostiene que Evo Morales intenta capitalizar políticamente el descontento social para recuperar influencia dentro del MAS y presionar de cara al escenario electoral.
Durante los últimos días se reportaron decenas de piquetes, huelgas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Bolivia atraviesa un período de creciente conflictividad marcado por la acumulación simultánea de distintos frentes de protesta. Organizaciones indígenas amazónicas mantienen una vigilia en La Paz para exigir la derogación de una normativa vinculada a la conversión de tierras, mientras sectores magisteriales iniciaron huelgas y bloqueos en distintos puntos de Santa Cruz para reclamar incrementos salariales y nuevas plazas laborales.
A estos reclamos se suma la presión ejercida por sectores campesinos de La Paz agrupados en la Federación Túpac Katari, que iniciaron bloqueos “indefinidos” exigiendo directamente la renuncia del presidente Luis Arce. Las protestas recibieron además el respaldo de organizaciones con fuerte capacidad de movilización como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, actores históricamente influyentes dentro de la estructura política y sindical del país. El involucramiento de estos sectores eleva considerablemente la presión sobre el Gobierno boliviano, no solo por su capacidad de paralizar rutas y actividades económicas, sino por el peso político que tradicionalmente han tenido en la estabilidad de distintas administraciones.
La confrontación refleja además la ruptura definitiva entre Evo Morales y el bloque gobernante que surgió tras su salida del poder en 2019. Lo que durante años fue un movimiento político hegemónico hoy aparece dividido entre sectores leales al expresidente y grupos alineados con el actual Gobierno. Analistas regionales consideran que el proceso judicial y la conflictividad social forman parte de una misma disputa por el control político del oficialismo boliviano.
Bolivia enfrenta así una combinación explosiva entre crisis institucional, tensión social y judicialización de una de las figuras más influyentes de su historia reciente, en un contexto donde la debilidad económica y el desgaste político del oficialismo amenazan con profundizar todavía más la inestabilidad del país sudamericano.