Una nueva fractura quedó expuesta dentro de la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de que el magistrado Roberto Molina Barreto anunciara que se inhibirá de conocer cualquier expediente relacionado con la elección y designación del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), al tiempo que denunció supuestas irregularidades en la tramitación de estos casos y cuestionó la conducción interna del máximo tribunal constitucional.
La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Corte, Gladys Annabella Morfín, en el que Molina Barreto sostiene que durante los últimos meses han ingresado múltiples acciones constitucionales vinculadas con el proceso electoral universitario. Sin embargo, asegura que varias de estas no fueron remitidas con la debida prontitud a los tribunales de amparo de primer grado, pese a recomendaciones formuladas por distintos magistrados, situación que considera contraria al principio de justicia pronta y efectiva.
Uno de los principales puntos de fricción señalados por Molina Barreto gira alrededor del conflicto por la elección del rector de la Universidad de San Carlos, una disputa que desde 2022 ha generado decenas de acciones constitucionales, amparos y recursos legales promovidos por distintos sectores universitarios que cuestionan la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos al cargo. Según expone el magistrado, estas anomalías han contribuido a deteriorar el ambiente institucional dentro de la CC y han afectado su independencia jurisdiccional.
El togado sostiene además que hasta la fecha la Corte únicamente ha resuelto cuestiones procesales relacionadas con los expedientes, sin pronunciarse sobre el fondo del conflicto universitario. Es decir, la CC aún no ha determinado si el proceso electoral que derivó en la designación del rector se ajustó o no a los principios de legalidad y representación establecidos por la normativa universitaria, una omisión que continúa alimentando la controversia dentro y fuera de la casa de estudios.
Molina Barreto también cuestiona retrasos en la firma de resoluciones ya acordadas por mayoría. Según su versión, algunas decisiones permanecieron pendientes de formalización durante varios días, generando incertidumbre jurídica en expedientes de alto interés público. A su juicio, una vez alcanzado un acuerdo dentro del pleno, la suscripción de las resoluciones debería ser inmediata y no estar sujeta a demoras administrativas adicionales.
El magistrado advierte que la controversia sobre la USAC ha trascendido el ámbito jurídico para convertirse en una disputa de alto contenido político e institucional. En su carta afirma que el contexto ha derivado en ataques personales, campañas de desprestigio, discursos de odio y señalamientos dirigidos contra magistrados de la Corte, circunstancias que, según su criterio, afectan el honor de los integrantes del tribunal y dificultan el ejercicio independiente de sus funciones como intérpretes de la Constitución.
Por estas razones, Molina Barreto comunicó que se inhibirá de conocer cualquier asunto relacionado con la elección del rector de la Usac que ingrese al pleno a partir del 15 de junio. Según argumenta, la decisión busca preservar los principios de imparcialidad, independencia judicial y confianza pública en las resoluciones que eventualmente adopte el máximo tribunal constitucional.
La parte más delicada de su pronunciamiento aparece en las conclusiones del oficio, donde formula un llamado directo al resto de magistrados de la Corte. Molina Barreto considera que otros integrantes del tribunal deberían evaluar una decisión similar si consideran que su imparcialidad podría verse comprometida por circunstancias personales, opiniones previas o vínculos con alguna de las partes involucradas en la disputa universitaria.
Incluso menciona específicamente la posibilidad de que algunos magistrados hayan manifestado interés previo en el caso o participado profesionalmente asesorando, representando o auxiliando a alguno de los grupos enfrentados dentro del proceso electoral de la Usac. Aunque no señala nombres concretos, la observación ha sido interpretada como una advertencia poco habitual dentro de la máxima instancia constitucional del país.
La controversia se produce apenas días después de que la CC dejara sin efecto varios amparos vinculados al proceso de elección del rector, resoluciones que fueron cuestionadas por sectores universitarios que consideran que el tribunal ha evitado entrar al fondo de las denuncias. Con su decisión, Molina Barreto no solo formaliza su separación de futuros expedientes relacionados con la elección universitaria, sino que también deja planteada una advertencia institucional sobre la necesidad de preservar la independencia, la objetividad y la credibilidad de la Corte de Constitucionalidad en momentos en que el tribunal sigue sin resolver el fondo de una controversia que ha dividido a la comunidad universitaria y mantiene repercusiones políticas y jurídicas a escala nacional.