Los ministros y altas autoridades de Defensa de más de 30 países del continente participaron en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), celebrada en Cusco, Perú, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional, las amenazas híbridas, los ciberataques y los efectos del cambio climático sobre la seguridad hemisférica.
La CMDA, considerada el principal foro político hemisférico en materia de defensa, reúne periódicamente a los responsables de este sector para definir estrategias comunes frente a los desafíos que afectan a la región. En esta edición, la agenda se centró en amenazas compartidas como la delincuencia organizada transnacional, la ciberdefensa, la protección de infraestructuras críticas, la respuesta ante desastres naturales, la seguridad marítima y el impacto del cambio climático, fenómenos que, según los participantes, requieren una mayor coordinación entre los países del continente.
Uno de los principales ejes del debate fue el crecimiento de las amenazas híbridas, concepto que engloba la combinación de acciones del crimen organizado, ataques cibernéticos, campañas de desinformación y otras formas de presión que afectan la estabilidad de los Estados sin recurrir necesariamente a conflictos armados convencionales. Los ministros coincidieron en que estos riesgos trascienden las fronteras nacionales y demandan fortalecer el intercambio de información, la cooperación entre fuerzas armadas y el desarrollo de capacidades conjuntas para responder de manera más eficaz.
El encuentro concluyó con la firma de la Declaración de Cusco, suscrita el 10 de julio por representantes de 33 países, documento que recoge los principales acuerdos alcanzados durante la conferencia. En el texto, los Estados reafirman su compromiso con el diálogo político-estratégico, el fortalecimiento de la confianza mutua y la estabilidad regional, al tiempo que acuerdan impulsar una mayor coordinación para enfrentar el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas comunes que afectan la seguridad del continente. La declaración también respalda el intercambio de información, el desarrollo de capacidades conjuntas y una cooperación más estrecha para responder a riesgos que trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, la presidencia pro témpore de la conferencia fue transferida a Estados Unidos, que encabezará los trabajos del foro durante el próximo período.
Para países como Guatemala, donde el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, las redes de trata de personas y otras estructuras criminales continúan representando importantes desafíos para la seguridad nacional, los compromisos alcanzados adquieren especial relevancia. No obstante, el éxito de estos acuerdos dependerá de que la cooperación regional se traduzca en acciones concretas y sostenidas. La coordinación internacional es un componente esencial, pero su impacto será limitado si no va acompañada del fortalecimiento de las instituciones nacionales, la modernización de los sistemas de inteligencia, el combate a la corrupción y una mayor capacidad de investigación y persecución penal, aspectos que siguen siendo determinantes para contener el avance del crimen organizado en la región.