México y Perú acordaron restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas después de cuatro años de enfrentamientos políticos, abriendo una nueva etapa entre dos países cuyos vínculos comenzaron a deteriorarse tras la caída de Pedro Castillo en 2022. El acercamiento fue anunciado de manera conjunta por las cancillerías, que reivindicaron los históricos lazos de amistad y cooperación y reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El acuerdo fue alcanzado por los gobiernos de Claudia Sheinbaum y la recién electa presidenta peruana Keiko Fujimori, pese a las profundas diferencias que persisten sobre la crisis política que siguió a la destitución de Castillo. Las cancillerías comenzarán ahora a elaborar una hoja de ruta para reabrir las respectivas embajadas y restablecer la representación diplomática, después de un período en el que Brasil llegó a asumir la protección de los intereses mexicanos en territorio peruano.
Una de las claves para desbloquear el conflicto fue la situación de Betssy Chávez, ex primera ministra de Castillo, quien permanecía bajo protección diplomática después de recibir asilo de México. El nuevo Gobierno peruano concedió el salvoconducto que permitió su salida del país y Chávez fue trasladada a México en un avión de la Fuerza Aérea mexicana, una petición que la administración de Sheinbaum había planteado durante las conversaciones previas al restablecimiento de relaciones.
La disputa bilateral se remontaba a diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y fue posteriormente destituido y detenido. México cuestionó la llegada de Dina Boluarte a la Presidencia, concedió asilo a la esposa y los hijos del exmandatario y mantuvo una posición abiertamente crítica hacia las autoridades peruanas. La tensión escaló hasta la ruptura formal de relaciones en noviembre de 2025, después de que México otorgara asilo a Chávez, investigada por su presunta participación en el fallido quiebre institucional encabezado por Castillo.
La normalización no significa, sin embargo, que México haya modificado su interpretación de aquella crisis. Sheinbaum confirmó que su Gobierno mantendrá la defensa política de Castillo y continuará reclamando su liberación, una postura que el nuevo Ejecutivo peruano conoce y que, por ahora, ambas partes parecen haber decidido separar de la relación entre los Estados. El acuerdo supone así una apuesta pragmática por reconstruir los canales diplomáticos sin exigir previamente que desaparezcan las diferencias políticas que provocaron el enfrentamiento.
El restablecimiento abre ahora la posibilidad de recuperar una agenda bilateral que quedó subordinada durante años a la confrontación por Castillo. El desafío será comprobar si México y Perú consiguen mantener sus diferencias dentro de los canales diplomáticos sin volver a convertirlas en una ruptura institucional, especialmente cuando las posiciones sobre el expresidente peruano permanecen prácticamente intactas. La salida de Betssy Chávez permitió resolver el problema inmediato, pero la reconciliación política entre ambos gobiernos todavía será considerablemente más compleja.