Tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala solicitaron convocar de forma inmediata a una sesión extraordinaria del pleno, en un movimiento que introduce nueva tensión en el proceso de elección del fiscal general.
La petición fue presentada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar, quienes requirieron conocer con urgencia el expediente 1926-2026, vinculado directamente al proceso que desarrolla la Comisión de Postulación.
Los magistrados argumentaron que la intervención del tribunal es necesaria para “brindar certeza” al proceso de selección, en momentos en que se desarrollan fases clave de evaluación de aspirantes, lo que podría incidir en la transparencia y legalidad del procedimiento.
La solicitud se sustenta en el artículo 180 de la Ley de Amparo, que permite convocar sesiones extraordinarias cuando al menos dos magistrados lo solicitan, lo que abre la puerta a una discusión inmediata dentro del máximo órgano constitucional.
El movimiento ocurre en paralelo a controversias dentro de la Comisión de Postulación, donde surgieron intentos de excluir a jueces de carrera del proceso, situación que generó objeciones por posibles cambios a las reglas previamente establecidas y cuestionamientos sobre la legalidad de la tabla de gradación.
El calendario avanza con plazos definidos. Para el 17 de abril está prevista la conformación de la nómina de seis candidatos, que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al próximo fiscal general para el período 2026-2030.
La eventual intervención de la Corte de Constitucionalidad podría modificar el curso del proceso, ya sea en la integración de la nómina o en las reglas aplicadas, en un momento decisivo para el sistema de justicia guatemalteco y bajo creciente escrutinio público.