La implementación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad sigue generando resistencia entre sectores del transporte pesado y extraurbano en Guatemala. Aunque los empresarios aseguran que cumplirán con la normativa, mantienen dudas sobre la eficacia del dispositivo para reducir accidentes y cuestionan que la medida se aplique sin resolver otros problemas estructurales del sistema vial.
La obligación de instalar el dispositivo entró en vigor el 2 de marzo de 2026, cuando comenzó a aplicarse el Acuerdo Ministerial 69-2026. Sin embargo, el cumplimiento continúa siendo parcial y el sector transporte mantiene objeciones sobre la forma en que se implementa la normativa y su impacto real en la reducción de los accidentes de tránsito.
Según datos oficiales citados por el sector, menos del 5% de los buses y alrededor del 11% del transporte de carga cuentan actualmente con la certificación exigida. La brecha refleja las dificultades de implementación de una política que el Estado presenta como una herramienta para mejorar la seguridad vial, pero que aún no termina de convencer a quienes deben instalar el sistema.
Los transportistas sostienen que el dispositivo no ataca por sí solo las principales causas de los accidentes. A su juicio, factores como el mal estado de las carreteras, la falta de controles efectivos, la circulación de unidades sin autorización, la imprudencia de algunos conductores y la debilidad en la fiscalización tienen un peso igual o mayor que la velocidad en la siniestralidad del país.
La Dirección General de Transportes ha defendido la obligatoriedad del sistema bajo el argumento de que limitar la velocidad en buses y transporte pesado puede reducir la gravedad de los percances viales. El mecanismo busca impedir que las unidades excedan los límites establecidos y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad en las carreteras.
Sin embargo, los empresarios advierten que el cumplimiento implica costos adicionales para un sector que ya enfrenta gastos elevados en mantenimiento, combustible, repuestos y renovación de unidades. También expresan dudas sobre la capacidad de las autoridades para fiscalizar de manera uniforme y evitar que solo una parte del transporte formal asuma el costo de la regulación.
El debate expone una tensión de fondo entre seguridad vial y confianza institucional. Para el Estado, los limitadores representan una herramienta concreta para reducir riesgos en carretera; para los transportistas, la medida puede convertirse en una obligación más si no se acompaña de controles integrales, revisión mecánica efectiva, combate al transporte ilegal y sanciones para quienes incumplen la ley.
La discusión continuará mientras avanza el proceso de certificación. Por ahora, el bajo porcentaje de unidades acreditadas muestra que la implementación está lejos de completarse y que la apuesta por los limitadores de velocidad todavía enfrenta un obstáculo clave: lograr que el sector transporte no solo cumpla la norma, sino que también confíe en su utilidad.