Costa Rica abrió una nueva etapa política con la juramentación de Laura Fernández como presidenta número 50 del país, una toma de posesión marcada por un discurso centrado en seguridad, combate al crimen organizado y continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves durante los últimos cuatro años.
Fernández, politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia, se convirtió además en la segunda mujer en alcanzar la jefatura del Estado costarricense, un hecho histórico para un país que durante décadas ha sido considerado una de las democracias más estables de América Latina. La primera mujer en ocupar la presidencia fue Laura Chinchilla entre 2010 y 2014.
En su primer discurso como mandataria, la nueva presidenta prometió endurecer la respuesta del Estado frente a la violencia y el narcotráfico, problemas que se han convertido en la principal preocupación de la población costarricense tras el incremento sostenido de homicidios y expansión de estructuras criminales ligadas al tráfico internacional de drogas. “No me temblará el pulso”, afirmó Fernández al anunciar una política de seguridad más agresiva.
El tema de seguridad dominó prácticamente toda la narrativa inaugural del nuevo Gobierno, reflejando cómo Costa Rica pasó en pocos años de ser vista como una excepción regional relativamente segura a enfrentar niveles de violencia que han golpeado fuertemente su imagen internacional y estabilidad interna.
Fernández adelantó reformas judiciales, nuevas leyes contra estructuras criminales y el fortalecimiento de capacidades policiales. Entre las medidas más polémicas figura la propuesta de construir una megacárcel inspirada en el modelo implementado por Nayib Bukele, una idea que ya genera debate dentro de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.
La nueva mandataria también dejó claro que mantendrá continuidad con el gobierno saliente de Rodrigo Chaves, una figura que seguirá ocupando un rol central dentro del Ejecutivo como ministro de la Presidencia y de Hacienda, una combinación inédita en la política costarricense reciente y que ha provocado críticas de sectores opositores por una posible concentración de poder.
La permanencia de Chaves dentro del núcleo del poder confirma que el llamado “chavismo” logró extender su influencia política más allá del cambio formal de gobierno, respaldado además por la fuerza parlamentaria obtenida por el Partido Pueblo Soberano en las elecciones de febrero.
La ceremonia realizada en el Estadio Nacional reunió delegaciones de más de 70 países, incluidos líderes latinoamericanos, representantes de Estados Unidos y el rey Felipe VI, convirtiéndose en uno de los eventos diplomáticos más relevantes del año para Centroamérica.
Aunque el nuevo Gobierno inicia con altos niveles de respaldo popular y una narrativa centrada en orden y seguridad, también enfrenta importantes desafíos económicos y sociales. Costa Rica mantiene presión por narcotráfico, aumento de homicidios, tensión fiscal y creciente polarización política, factores que marcarán los primeros meses de la administración Fernández.
La principal incógnita ahora será hasta dónde llegará la estrategia de “mano dura” prometida por la nueva presidenta y cuánto espacio conservará Costa Rica para mantener el equilibrio democrático que históricamente la distinguió dentro de la región.