El juez décimo penal, Jimi Bremer, ordenó la libertad de Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, pocas horas después de que la Policía Nacional Civil ejecutara una orden de captura en su contra. Monroy, de 35 años, es señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la estructura conocida como “Los Taxistas del Viejo” y enfrenta señalamientos por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. La decisión permite que continúe el proceso fuera de prisión y deberá ser citado posteriormente para su audiencia de primera declaración.
La captura se produjo el miércoles 19 de agosto en el parqueo de un centro asistencial de la zona 9 capitalina. De acuerdo con la información conocida posteriormente, Monroy se había puesto previamente a disposición del Juzgado Décimo Penal por medio de un abogado y alegando motivos de salud, una gestión que habría provocado que quedara sin efecto la orden de aprehensión. Pese a ello, la orden fue ejecutada por la PNC y el sindicado fue trasladado a las carceletas de la Torre de Tribunales, desde donde Bremer dispuso horas después que fuera liberado.
El caso adquiere especial relevancia por el perfil que las investigaciones atribuyen al detenido. El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad señalan a “Los Taxistas del Viejo” como una estructura vinculada con asesinatos, conspiraciones, tráfico de armas y drogas y otros hechos violentos. Investigaciones anteriores relacionaron a integrantes del grupo con un intento de asesinato contra el alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, además de siete homicidios y un asalto a un transporte de valores en San Marcos. En diciembre de 2025, ocho supuestos miembros de la organización fueron ligados a proceso por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.
Bremer argumentó en su resolución que Monroy había solventado su situación legal al quedar sin efecto la orden de aprehensión, por lo que giró instrucciones para permitir su salida. Hasta ahora no se han divulgado otros elementos que el juzgador pudiera haber considerado para conceder la libertad, mientras la primera declaración podría celebrarse durante los primeros días de septiembre. La resolución no significa que los señalamientos hayan sido desestimados ni que el sindicado haya quedado desvinculado del expediente, sino que podrá afrontar esta fase del proceso sin permanecer detenido.
La secuencia, sin embargo, vuelve a colocar bajo atención el funcionamiento del sistema de justicia. Que un hombre presentado por las fuerzas de seguridad como presunto jefe de una estructura vinculada con delitos graves sea capturado y liberado el mismo día exige una explicación jurídica suficientemente clara, tanto sobre la vigencia de la orden que ejecutó la PNC como sobre las circunstancias en que previamente había quedado sin efecto. La presunción de inocencia y las garantías procesales deben respetarse independientemente de la gravedad de las acusaciones, pero precisamente por ello las decisiones judiciales en casos de alto impacto requieren transparencia suficiente para evitar que una aparente contradicción entre captura y liberación termine debilitando la confianza pública en las instituciones.