El Parlamento de Israel aprobó una controvertida ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinato terrorista, en una decisión que ha generado críticas internacionales y advertencias de organizaciones de derechos humanos.
La reforma fue aprobada por el pleno de la Knéset y contempla aplicar la pena capital a quienes cometan asesinatos considerados actos terroristas, una medida que, según organizaciones de derechos humanos, se aplicará en la práctica principalmente contra palestinos y no contra ciudadanos judíos israelíes.
El texto establece que la ejecución deberá realizarse por ahorcamiento, y que la condena podrá imponerse incluso sin unanimidad del tribunal, lo que supone un endurecimiento significativo del sistema penal israelí. Además, la norma contempla limitaciones a las apelaciones y reduce la posibilidad de indultos.
La legislación también permite que los tribunales militares, que juzgan a palestinos en territorios ocupados, impongan la pena de muerte incluso si la Fiscalía no la solicita, lo que ha generado cuestionamientos sobre garantías procesales y derechos humanos.
La medida ha sido criticada por organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos, que advierten que la norma podría ser discriminatoria y contraria al derecho internacional, al establecer diferencias entre palestinos y ciudadanos israelíes en casos similares.
Israel mantiene la pena de muerte en su legislación, aunque solo ha sido aplicada una vez en su historia, en 1962, cuando fue ejecutado el criminal nazi Adolf Eichmann, lo que convierte la aprobación de esta ley en un giro significativo en la política penal del país.
La aprobación de la ley se produce en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, y abre un nuevo frente de tensión política y diplomática, al tratarse de una medida considerada histórica y altamente controvertida por la comunidad internacional.