El Congreso de Honduras comenzó a discutir una propuesta para aplicar en el país un modelo de seguridad inspirado en las políticas implementadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en medio de una nueva escalada de violencia, masacres y presión ciudadana por el avance del crimen organizado.
La iniciativa fue presentada por el vicepresidente del Congreso hondureño, Godofredo Fajardo, quien planteó adoptar estrategias similares a las aplicadas en El Salvador para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestros y control territorial de pandillas. El diputado sostuvo que la población hondureña “está exigiendo” medidas más contundentes frente a la inseguridad.
La propuesta obligaría al Ministerio de Seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas hondureñas a implementar mecanismos inspirados en el denominado “modelo Bukele”, basado en despliegues masivos de fuerzas de seguridad, control territorial y endurecimiento de medidas contra maras y estructuras criminales.
El debate surge después de varias semanas marcadas por hechos violentos en Honduras, incluyendo recientes masacres que dejaron al menos 24 muertos, entre ellos cinco policías, en ataques atribuidos al crimen organizado y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Durante los últimos meses, el Congreso hondureño ya había avanzado en reformas para declarar terroristas a las maras, endurecer penas por extorsión y ampliar facultades de investigación para fuerzas de seguridad, en un contexto donde la inseguridad se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política rumbo al próximo proceso electoral.
El modelo de Bukele continúa generando fuerte impacto regional debido a la drástica reducción de homicidios y control territorial alcanzado en El Salvador, aunque organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos mantienen críticas por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones judiciales y concentración de poder alrededor del Ejecutivo salvadoreño.
Para Centroamérica, el avance de propuestas inspiradas en Bukele refleja cómo el endurecimiento de políticas de seguridad comienza a consolidarse como una de las principales tendencias regionales frente al crecimiento del crimen organizado, narcotráfico y violencia vinculada a pandillas.