Tras una jornada de protestas de taxistas y las advertencias de los gremios del transporte sobre un posible incremento en las tarifas del pasaje, el Gobierno de Guatemala comenzó a enviar señales de que evalúa un nuevo subsidio a los combustibles, pese a que semanas atrás había descartado públicamente esa posibilidad. El cambio de postura refleja una política de reacción a las crisis, en lugar de anticiparse a ellas, en un contexto marcado por el encarecimiento internacional del petróleo y el impacto directo sobre el costo de vida de los guatemaltecos.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó que estudia distintos mecanismos para mitigar el impacto del alza sobre los consumidores y no descartó solicitar al Congreso de la República la aprobación de un nuevo apoyo económico. Según las autoridades, cualquier decisión dependerá del comportamiento de los precios internacionales del petróleo y del análisis de su impacto en las finanzas públicas.
El cambio de postura ocurre luego de que el ministro Erwin Barrios afirmara días atrás que no existía ninguna propuesta para restablecer el subsidio tras su finalización el 2 de julio. Sin embargo, el acelerado incremento de los combustibles, la presión ejercida por transportistas y otros sectores productivos, así como el riesgo de un aumento en las tarifas del transporte público, llevaron al Ejecutivo a reconsiderar la medida.
Actualmente, la gasolina regular se comercializa entre Q40.07 y Q40.09 por galón, la gasolina superior entre Q41.07 y Q41.09, mientras que el diésel alcanzó entre Q42.27 y Q42.29, siendo el combustible con el mayor incremento desde que concluyó el subsidio temporal. Los combustibles acumulan seis incrementos durante julio, impulsados por el alza del precio internacional del petróleo en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El incremento ya provocó las primeras manifestaciones. Taxistas bloquearon la calzada Roosevelt para exigir medidas que reduzcan el impacto de los combustibles sobre sus costos de operación, mientras que organizaciones del transporte advirtieron que, de mantenerse la tendencia, será inevitable un aumento en las tarifas del transporte público.
De concretarse, el nuevo subsidio requeriría una fuente de financiamiento y la aprobación del Congreso. Las autoridades sostienen que el objetivo sería amortiguar temporalmente el impacto del alza internacional del petróleo sobre las familias y los sectores productivos mientras persista la volatilidad del mercado energético. No obstante, especialistas advierten que cualquier apoyo deberá equilibrarse con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con una estrategia de mediano plazo para reducir la dependencia de los combustibles importados.