El Gobierno analiza hasta 10 medidas para contener el impacto de la crisis petrolera, en un escenario marcado por el aumento sostenido de los combustibles y la presión de sectores como el transporte.
El enfoque, sin embargo, no apunta a soluciones generalizadas, sino a acciones focalizadas y de contención. Entre las opciones en discusión figuran subsidios dirigidos a sectores específicos como el transporte y hogares vulnerables, mientras se descarta, por ahora, un apoyo amplio que comprometa de forma significativa las finanzas públicas.
En esa misma línea, el Ejecutivo mantiene su postura de no reducir ni eliminar impuestos a los combustibles, al considerar que una medida de ese tipo tendría alto costo fiscal y efectos distorsivos en el mercado.
Otra de las líneas de acción es el fortalecimiento de los controles en la cadena de distribución, en respuesta a señalamientos sobre posibles prácticas especulativas que podrían estar incidiendo en los precios al consumidor.
El Gobierno también plantea medidas orientadas a promover el ahorro y uso eficiente de energía, en un contexto donde la dependencia del combustible sigue siendo un factor estructural de la economía.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que se mantiene un monitoreo constante del mercado internacional del petróleo, reconociendo que este es el principal determinante de los precios a nivel local y que el margen de maniobra interno es limitado.
El paquete, aún en evaluación, refleja un intento de equilibrio: contener el impacto sin recurrir a intervenciones de alto costo. En el fondo, la estrategia deja ver una realidad persistente: Guatemala responde a la crisis más que controlarla, mientras la presión económica y social continúa en aumento.