El Gobierno de Bernardo Arévalo defendió la aplicación de un nuevo subsidio a los combustibles como respuesta al incremento de los precios internacionales, mientras en el Congreso persisten las diferencias sobre el mecanismo que debería utilizarse para aliviar el impacto sobre los consumidores. La propuesta del Ejecutivo contempla un aporte de Q12 por galón de diésel y Q3 para la gasolina regular, dejando fuera del beneficio a la gasolina superior.
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, argumentó que la experiencia del subsidio aplicado entre el 28 de abril y el 2 de julio demostró que este mecanismo puede contener el traslado del encarecimiento de los combustibles hacia otros productos. Durante ese período fueron subsidiados más de 301.5 millones de galones, con aportes de Q8 para el diésel y Q5 para las gasolinas, mientras la ejecución de los recursos asignados alcanzó el 97%.
Barrios vinculó además el programa con una desaceleración de la inflación durante los meses en que permaneció vigente. Como respaldo, señaló que de 64 productos de la canasta básica monitoreados en el área metropolitana, 62 mantuvieron precios estables y únicamente dos registraron aumentos. El Ejecutivo sostiene que priorizar el diésel permite ampliar el efecto de la medida, debido a su utilización en el transporte de mercancías y, por consiguiente, a su incidencia sobre los costos de numerosos productos de consumo.
La afirmación de que el subsidio frenó la inflación, sin embargo, debe observarse con cautela. La coincidencia entre la vigencia del programa y una moderación del Índice de Precios al Consumidor constituye un elemento favorable para la posición gubernamental, pero no demuestra por sí sola que el subsidio haya sido el único responsable, debido a que la inflación responde también a precios internacionales, alimentos, tipo de cambio, demanda interna y otras variables económicas.
La propuesta tampoco genera consenso político. Taxistas y diputados de oposición plantean eliminar temporalmente impuestos aplicados a los combustibles, al considerar que una reducción tributaria tendría un efecto más directo sobre el precio final. El Ejecutivo cuestiona esa alternativa especialmente para el diésel, ya que calcula que eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo y el IVA asociado produciría una rebaja aproximada de Q1.46 por galón, considerablemente inferior a los Q12 planteados mediante el subsidio.
La discusión quedó fuera de la agenda legislativa del 4 de agosto ante la falta de acuerdos, dejando pendiente una decisión mientras los precios internacionales mantienen la presión sobre el mercado guatemalteco. El debate enfrenta así dos modelos de alivio con consecuencias fiscales diferentes: utilizar recursos públicos para subsidiar temporalmente el precio o renunciar a una parte de la recaudación tributaria, mientras el desafío de fondo continúa siendo evitar que el aumento del combustible termine trasladándose al transporte, los alimentos y el costo de vida de los hogares.