La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante más de siete semanas entre mayo y junio de este año. La decisión representa una nueva escalada en la crisis política boliviana y profundiza el enfrentamiento entre el exmandatario y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
La resolución fiscal también incluye cargos por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, al considerar que Morales tuvo un papel determinante en las protestas que provocaron el cierre de rutas estratégicas, afectaron el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, y generaron millonarias pérdidas económicas, además de una prolongada interrupción de la actividad productiva y comercial del país.
El proceso se deriva de una investigación abierta semanas atrás tras denuncias promovidas por sectores cívicos de Santa Cruz, que responsabilizaron al exgobernante y a otros dirigentes sindicales de impulsar las movilizaciones. Con la emisión de la orden de captura, el caso pasa a una nueva fase judicial, mientras las autoridades deberán ejecutar el mandamiento de aprehensión.
Morales rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución política, argumentando que el Gobierno pretende desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia. La postura del exmandatario mantiene el discurso que ha sostenido frente a otros procesos judiciales, entre ellos el caso por presunta trata agravada de personas, por el cual también permanece vigente una orden de aprehensión que hasta ahora no ha sido ejecutada.
La nueva decisión de la Fiscalía incrementa la incertidumbre política en Bolivia, donde las tensiones entre el Gobierno y el sector afín a Morales continúan marcando la agenda nacional. La eventual ejecución de la orden de captura podría convertirse en un punto de inflexión, tanto por las implicaciones legales para el expresidente como por el impacto que tendría sobre un escenario político que permanece altamente polarizado.