El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional dentro de la investigación del denominado caso Plus Ultra, un proceso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales recientes en España y que golpea directamente al histórico entorno del PSOE.
El caso Plus Ultra surgió inicialmente a partir de la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno español concedió en 2021 a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia de covid-19, mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde entonces, sectores políticos y judiciales cuestionaron si la compañía realmente cumplía los requisitos para recibir fondos públicos y si existieron influencias políticas alrededor del rescate financiero.
Ahora, el juez acusa a Zapatero de presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, señalándolo como supuesto articulador de una red de contactos políticos y empresariales vinculados precisamente a ese rescate. Según el auto judicial, el magistrado sitúa el centro operativo de la presunta trama en el despacho del exmandatario en la calle Ferraz de Madrid y le atribuye “intervención directa” en operaciones internacionales relacionadas con petróleo, oro, divisas y acciones.
La investigación también incorpora comunicaciones interceptadas entre empresarios vinculados a Plus Ultra, donde se menciona la posibilidad de “pedir ayuda a Zapatero” para facilitar operaciones y gestiones. En una de las conversaciones recogidas por el juez, uno de los involucrados afirma: “Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, frase que aparece dentro de los documentos judiciales y que ha intensificado el impacto mediático del caso. El proceso adquiere además una dimensión internacional debido a la participación de autoridades estadounidenses, que habrían aportado información obtenida del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, expropietario de la aerolínea.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la supuesta relación financiera entre empresas investigadas y el entorno familiar del expresidente. El juez sostiene que compañías vinculadas a la trama realizaron pagos millonarios entre 2020 y 2025 a estructuras empresariales relacionadas con Zapatero, incluida una agencia de comunicación vinculada a sus hijas. Aunque el expresidente ha negado cualquier irregularidad y asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia, el caso amenaza con abrir una crisis política de gran dimensión dentro del socialismo español.
La imputación tiene además un peso histórico excepcional. Según medios españoles, Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno español imputado formalmente en la democracia surgida tras la Transición. Aunque otros antiguos mandatarios comparecieron anteriormente ante tribunales como testigos en distintos casos, nunca antes un exjefe del Ejecutivo había sido colocado oficialmente bajo investigación penal directa en una causa de esta magnitud.
El escándalo también tiene repercusiones políticas más amplias dentro y fuera de España. Durante los últimos años, Zapatero había recuperado protagonismo como operador diplomático y figura de influencia dentro de sectores progresistas iberoamericanos, especialmente por su cercanía con gobiernos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ahora, el caso Plus Ultra vuelve a colocar bajo escrutinio judicial esa red internacional de relaciones políticas, empresariales y financieras construidas alrededor del exmandatario español.