Una trabajadora del Ministerio Público (MP) quedó vinculada a una investigación contra una estructura dedicada presuntamente al narcomenudeo y la corrupción, luego de una serie de allanamientos ejecutados la semana pasada en el área metropolitana. La detenida fue identificada como Gladys Eugenia Pelén Chacchic, de 39 años, quien se desempeña como técnica de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DiCRI).
Las diligencias se desarrollaron el jueves 13 de agosto e incluyeron allanamientos, órdenes de aprehensión y el secuestro de indicios. Además de Pelén Chacchic fueron detenidas Eufemia Chacchic Calcat, Sherley Madaleine Adriana Paredes Barillas y Sussana Piedad Sánchez Quezada. El caso fue declarado bajo reserva judicial, por lo que hasta ahora existe información limitada sobre los señalamientos concretos contra cada una de las capturadas.
La investigación alcanzó también las instalaciones de la DiCRI, donde las autoridades efectuaron diligencias relacionadas con el caso. La intervención en una dependencia técnica del propio Ministerio Público adquiere especial relevancia, ya que esa dirección participa en la recolección, procesamiento y análisis de evidencias e indicios utilizados en investigaciones penales.
De acuerdo con información conocida de manera extraoficial y recogida por Infobae, las pesquisas estarían relacionadas con la estructura conocida como “Los Caradura”, señalada de dedicarse al narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala. Pelén Chacchic estaría bajo investigación por su presunta participación en actividades de almacenamiento, venta y distribución de droga en el barrio El Gallito, zona 3. Por encontrarse el expediente bajo reserva, estos extremos deberán establecerse dentro del proceso judicial.
Las autoridades consideran que las diligencias forman parte de una primera fase de investigación contra esa estructura. El caso cobra además importancia por los conflictos recientes alrededor del control del narcomenudeo en la capital, en un escenario en el que las fuerzas de seguridad buscan desarticular redes dedicadas a la distribución local de drogas.
El señalamiento contra una trabajadora de la DiCRI introduce, sin embargo, una dimensión adicional: la necesidad de establecer si se trata de una actuación individual o si existen posibles vulnerabilidades dentro de las instituciones encargadas de investigar el delito. La eventual infiltración de estructuras criminales en organismos de seguridad y justicia representa un riesgo particularmente grave, debido al acceso que determinados funcionarios y empleados pueden tener a información, investigaciones o evidencias.
El proceso deberá determinar ahora la responsabilidad individual de las personas detenidas, quienes mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. La investigación también pondrá a prueba los mecanismos de control interno del MP, especialmente para esclarecer el alcance de la posible participación de una de sus trabajadoras y establecer si el caso revela responsabilidades adicionales dentro o fuera de la institución.