Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) murió y otro resultó herido tras una emboscada armada contra una autopatrulla cuando acudían a verificar una escena criminal en la Franja Transversal del Norte, un hecho que vuelve a evidenciar los riesgos crecientes que enfrentan las fuerzas de seguridad en regiones con presencia de estructuras criminales.
El ataque ocurrió en el kilómetro 316 de la Franja Transversal del Norte, entre Alta Verapaz e Izabal, cuando los agentes se dirigían a atender un hecho delictivo y fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra la unidad policial. Como resultado del ataque, murió el agente Mateo Fernando Juc, mientras otro policía resultó herido, según confirmó la Policía Nacional Civil.
Tras el atentado, las autoridades desplegaron un operativo en la zona que permitió ubicar el vehículo utilizado por el sospechoso. Luego de una persecución y un nuevo ataque sin víctimas, fue capturado Edgar “N”, de 40 años, señalado como presunto responsable del hecho, en el kilómetro 324.5 de la misma ruta.
La captura se produjo horas después del ataque, cuando el sospechoso intentó evadir a las fuerzas de seguridad y, según reportes oficiales, volvió a disparar contra los agentes durante la persecución, lo que motivó el despliegue de un operativo reforzado en el área.
El hecho se registra en una zona considerada estratégica y compleja para la seguridad, donde convergen rutas utilizadas para el traslado de mercancías y donde históricamente se han reportado actividades vinculadas al crimen organizado. La emboscada, además, ocurrió cuando los agentes acudían a cumplir funciones de atención ciudadana, lo que subraya la vulnerabilidad operativa de las fuerzas policiales en territorios de alto riesgo.
Este nuevo ataque se suma a episodios violentos contra agentes de seguridad registrados en distintas regiones del país, lo que ha encendido alertas sobre la exposición de la PNC y la capacidad de respuesta del Estado frente a estructuras armadas en zonas periféricas.
La muerte del agente vuelve a colocar en el debate las condiciones de seguridad, recursos y estrategia operativa de la Policía Nacional Civil, en un contexto donde los ataques contra fuerzas del orden reflejan no solo la violencia persistente, sino también la disputa por el control territorial en áreas estratégicas del país.