El presidente Bernardo Arévalo entrevistará en los próximos días a los seis candidatos a fiscal general, como parte de la fase final del proceso de selección, luego de que la Comisión de Postulación remitiera y entregara formalmente la nueva nómina al Ejecutivo tras la repetición ordenada por la Corte de Constitucionalidad.
Con la documentación ya en manos de la Secretaría General de la Presidencia, el proceso avanzó hacia la etapa de evaluación directa. Los expedientes serán analizados como paso previo a la decisión final que deberá tomar el mandatario antes del 17 de mayo, fecha en la que concluye el mandato de la actual fiscal general, dentro del plazo constitucional vigente.
Los aspirantes incluidos en la nómina son Beyla Estrada, César Augusto Ávila, Julio Rivera Clavería, Gabriel García Luna, Néctor Guilebaldo de León y Carlos Alberto García Alvarado, este último incorporado tras la recalificación y la nueva votación.
El presidente había explicado previamente que las entrevistas formarían parte de un filtro adicional para identificar perfiles que cumplan con criterios de independencia, objetividad y capacidad, además de conocer su trayectoria y propuestas al frente del Ministerio Público. Ese esquema se mantiene vigente en la fase actual, pese a los ajustes que obligaron a rehacer parte del proceso.
En paralelo, diputados oficialistas reiteraron que no incidirán en la decisión presidencial, al señalar que la designación corresponde exclusivamente al Ejecutivo y no será objeto de discusión dentro del Congreso, una postura que también se sostiene tras la reconfiguración de la nómina.
La decisión final queda ahora en manos del presidente, quien deberá elegir a uno de los seis aspirantes en un proceso que entra en su etapa decisiva, con evaluación directa desde el Ejecutivo y bajo atención pública sobre el perfil que asumirá la jefatura del ente investigador.
Sin embargo, el proceso también abre cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y la decisión final. El presidente Bernardo Arévalo llegó al poder con la promesa de impulsar cambios en el sistema de justicia, una expectativa que ahora se pone a prueba en una de las decisiones más sensibles de su mandato.
En ese contexto, la elección no solo será técnica, sino política. El dilema de fondo es si el mandatario optará por un perfil independiente que implique confrontación institucional o por una figura que reduzca tensiones, una decisión que marcará el rumbo del Ministerio Público y el alcance real de las promesas de transformación planteadas por el Ejecutivo.
La fase de entrevistas se activa en un escenario condicionado por los ajustes de última hora en la nómina, luego de que la Corte de Constitucionalidad obligara a recalificar expedientes y repetir la votación dentro de la Comisión de Postulación, lo que derivó en una lista final distinta a la original.
Además, la recepción formal de la nueva nómina consolidó el traslado completo del proceso al Ejecutivo, cerrando la etapa técnica y abriendo una fase en la que el mandatario deberá ponderar no solo las credenciales profesionales, sino también el impacto institucional de su decisión.
En este punto, las entrevistas adquieren un peso determinante como principal herramienta de evaluación directa, en un proceso marcado por correcciones de última hora y reconfiguración de aspirantes, que ahora concentra en el Ejecutivo la responsabilidad final de definir el rumbo del Ministerio Público.