Las autoridades de El Salvador revelaron los perfiles de seis de los principales cabecillas históricos del Barrio 18, señalados de dirigir una estructura criminal a la que la Fiscalía atribuye 14 mil 488 delitos cometidos entre 2012 y 2026, entre homicidios, extorsiones, secuestros, desapariciones, narcotráfico y actos de terrorismo. Los líderes forman parte de un macroproceso judicial que busca sentar en el banquillo a 563 altos mandos de la pandilla.
La acusación fue presentada por la Fiscalía General de la República ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y abarca a las dos facciones que integran la organización: 275 integrantes de los Sureños y 288 de los Revolucionarios. Según las autoridades, los procesados son responsables de miles de delitos acumulados durante más de una década, en lo que constituye una de las ofensivas judiciales más ambiciosas emprendidas contra las pandillas en la historia reciente del país.
Entre los principales señalados figura César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”, considerado uno de los fundadores y líderes históricos del Barrio 18. La Fiscalía lo vincula con la masacre de Antiguo Cuscatlán de 2006, en la que fueron asesinadas cinco personas, incluidos menores de edad. También aparece Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, identificado como uno de los máximos dirigentes de la estructura en el sector de La Campanera, en Soyapango.
La lista incluye además a Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, acusado de dirigir redes de extorsión en San Salvador mediante el uso de menores de edad y vendedores ambulantes para recolectar pagos ilícitos. Junto a ellos figuran Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”, considerados parte de la cúpula operativa de la organización criminal.
La Fiscalía sostiene que estos dirigentes ordenaron o coordinaron buena parte de los 14 mil 488 delitos atribuidos al Barrio 18 durante los últimos 14 años, incluyendo algunas de las acciones criminales más violentas registradas en El Salvador. Las investigaciones apuntan a que la estructura mantenía una cadena de mando que permitía transmitir órdenes desde los máximos líderes hasta las clicas que operaban en distintos territorios del país.
Entre los hechos atribuidos a la organización figura la masacre de San Juan Opico de marzo de 2016, donde fueron asesinados 14 trabajadores civiles, así como numerosos casos de extorsión, homicidios y actividades relacionadas con el control territorial ejercido por las pandillas antes de la implementación del régimen de excepción.
El proceso forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Durante este período, más de 90 mil personas han sido detenidas por presuntos vínculos con pandillas, mientras las autoridades han promovido procesos masivos contra las cúpulas de las principales estructuras criminales del país.
No obstante, estas acciones también han generado cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que advierten sobre posibles riesgos para las garantías procesales y la individualización de responsabilidades en procedimientos que agrupan a cientos de acusados dentro de una misma causa judicial.
Para la Fiscalía salvadoreña, el juicio representa una oportunidad para responsabilizar a quienes considera los principales arquitectos de la violencia que durante años golpeó al país. Si prospera la acusación, los seis cabecillas y los otros 557 mandos procesados enfrentarán uno de los mayores juicios contra pandillas realizados en Centroamérica, en un caso que busca documentar y sancionar más de una década de actividad criminal atribuida al Barrio 18.