La justicia salvadoreña volvió a golpear a las estructuras de pandillas con la condena de 112 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes recibieron penas de hasta 45 años de prisión por pertenecer y operar dentro de una organización criminal que mantuvo actividades delictivas durante varios años en el oriente del país.
La Fiscalía General de la República informó que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel declaró culpables a los procesados tras una audiencia en la que se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron acreditar su participación dentro de la estructura conocida como Molinos Locos Salvatruchos, una clica de la MS-13 con presencia en Usulután, Tecapán y Ozatlán.
De acuerdo con la resolución judicial, 30 pandilleros con rango de “homeboys” fueron condenados a 45 años de cárcel, mientras que otros integrantes identificados como “chequeos” recibieron penas de 40 años. Colaboradores y miembros de menor rango fueron sentenciados a 30 años de prisión, conforme a la jerarquía que mantenían dentro de la organización criminal.
Las autoridades sostienen que todos los condenados formaban parte de una estructura que operó entre 2018 y 2023 en distintas comunidades del departamento de Usulután. La Fiscalía aseguró que el tribunal validó la totalidad de la evidencia presentada durante el proceso y concluyó que existían elementos suficientes para demostrar la pertenencia de los acusados a la pandilla.
El caso forma parte de la estrategia de persecución penal impulsada bajo el régimen de excepción decretado por el gobierno de Nayib Bukele, una medida que desde 2022 ha permitido miles de capturas vinculadas a pandillas y que continúa siendo el eje central de la política de seguridad salvadoreña.
La magnitud de las condenas refleja el endurecimiento del sistema judicial contra las estructuras criminales, una tendencia que se ha repetido durante los últimos meses con procesos masivos contra miembros de la MS-13 y Barrio 18. Apenas semanas atrás, tribunales salvadoreños dictaron penas de hasta 66 años de prisión contra otros integrantes de la Mara Salvatrucha acusados de extorsión, homicidios y agrupaciones ilícitas.
La ofensiva contra las pandillas ha sido presentada por el gobierno salvadoreño como uno de sus principales logros, especialmente tras la reducción histórica de homicidios registrada en el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos continúan cuestionando los alcances del régimen de excepción por denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, restricciones procesales y falta de garantías judiciales para algunos capturados.
Mientras continúan los juicios colectivos contra cientos de presuntos pandilleros, la nueva condena contra 112 miembros de la MS-13 confirma que El Salvador mantiene una política de tolerancia cero contra estas estructuras, una estrategia que sigue generando respaldo interno por sus resultados en seguridad, aunque también mantiene abierto el debate internacional sobre sus costos institucionales y legales.