Estados Unidos exigirá una fianza de hasta 15 mil dólares a solicitantes de visas de turismo y negocios de 12 países, como parte de un endurecimiento en su política migratoria.
La medida, vigente desde el 2 de abril, se suma a un programa que ya alcanza 50 países. Entre ellos figuran: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue, entre otros.
Guatemala no forma parte de esa lista, por lo que sus ciudadanos no están sujetos a este requisito.
El monto —entre 5 mil y 15 mil dólares— será definido por el oficial consular y se devuelve si el solicitante cumple con su visa y regresa en el plazo establecido.
En paralelo, la Embajada de Estados Unidos ha aclarado otro punto frecuente entre solicitantes: no es obligatorio hablar inglés para obtener la visa. La entrevista puede realizarse en español u otro idioma que el solicitante domine, siempre que pueda comunicarse claramente con el oficial consular.
El Gobierno de Donald Trump sostiene que el sistema es efectivo: casi el 97 % de los beneficiarios ha retornado a su país, según datos oficiales.
La medida se enmarca en una política más amplia que incluye restricciones migratorias, vetos de visas y limitaciones al asilo, con el objetivo de reducir la migración irregular.
Sin embargo, las críticas apuntan a un problema de fondo: el acceso a una visa podría depender cada vez más de la capacidad económica del solicitante.