El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reafirmó su intención de adoptar una política de seguridad inspirada en Nayib Bukele, basada en megacárceles, aislamiento de cabecillas y mayor participación de las fuerzas militares contra el narcotráfico y las organizaciones armadas. La estrategia representa un giro frontal frente a la “paz total” impulsada por el anterior gobierno de Gustavo Petro.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia el 7 de agosto, plantea construir centros penitenciarios de máxima seguridad en zonas remotas de la Amazonía. Su propósito es trasladar allí a integrantes y dirigentes de organizaciones criminales para impedir que continúen coordinando extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico desde las prisiones convencionales.
El mandatario sostiene que las instalaciones funcionarán bajo un régimen de incomunicación y podrían ser construidas y administradas por operadores privados mediante concesiones de largo plazo. Durante la campaña llegó a proponer hasta diez megacárceles, custodiadas con participación de veteranos y reservistas. La fórmula toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido como Cecot.
El plan también contempla trasladar a cabecillas hacia prisiones con mayores controles, fortalecer la inteligencia y emplear al Ejército directamente contra guerrillas y grupos narcotraficantes. De la Espriella descartó continuar negociaciones con organizaciones que identifica como terroristas y las responsabilizó de haberse fortalecido durante el gobierno anterior, una posición que reduce considerablemente el espacio para salidas negociadas.
El modelo de Bukele ha conseguido una reducción histórica de los homicidios en El Salvador, resultado que explica su popularidad y el interés que despierta en otros países de la región. Sin embargo, su aplicación se ha sostenido mediante un régimen de excepción, detenciones masivas y restricciones de derechos constitucionales. Organizaciones humanitarias han denunciado encarcelamientos arbitrarios, falta de garantías judiciales y muertes bajo custodia.
Trasladar esa estrategia a Colombia presenta dificultades adicionales. El territorio colombiano es aproximadamente 50 veces mayor que El Salvador y alberga guerrillas, disidencias, grupos paramilitares y redes internacionales de narcotráfico con control sobre extensas zonas rurales. Construir prisiones puede aislar dirigentes, pero no sustituye la presencia estatal, la justicia local ni las oportunidades económicas necesarias para disputar esos territorios al crimen organizado.
La ubicación de megacárceles en la Amazonía también abre interrogantes ambientales, logísticos y presupuestarios, especialmente porque Colombia enfrenta un elevado déficit fiscal. De la Espriella deberá explicar cuánto costarán, quién controlará a los operadores privados y qué garantías impedirán abusos. La seguridad fue una de sus principales promesas electorales, pero copiar la imagen de Bukele será más sencillo que reproducir sus resultados en un país con una violencia mucho más extensa y compleja.