El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala aprobó la reelección de Walter Mazariegos como rector para el período 2026-2030, en una decisión que consolida su continuidad pese a los cuestionamientos legales y políticos que rodean el proceso.
La votación se resolvió con 22 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, en una sesión donde participaron 33 consejeros, confirmando el respaldo mayoritario dentro del máximo órgano universitario.
Previo a la ratificación, el CSU también resolvió rechazar recursos de revisión y nulidad presentados contra la elección, argumentando que la normativa universitaria no contempla estos mecanismos, cerrando así las principales vías internas de impugnación.
El proceso de reelección se origina en la votación realizada el 8 de abril en Antigua Guatemala, donde Mazariegos fue declarado electo por el cuerpo electoral universitario, en una jornada marcada por denuncias de irregularidades y protestas de sectores estudiantiles y académicos.
Uno de los puntos más cuestionados es la integración incompleta del cuerpo electoral, ya que, según observaciones citadas en el proceso, no se alcanzó el total de representantes que exige la ley, un elemento que ha alimentado los señalamientos de ilegitimidad.
A pesar de ello, el CSU dio por válido el proceso y confirmó que Mazariegos cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo, con lo que asumirá su nuevo mandato el próximo 1 de julio.
Sin embargo, el cierre de la vía interna no agota el conflicto, ya que las denuncias presentadas por diputados y organizaciones continuarán su curso en el ámbito judicial, tanto en el Ministerio Público como en la Corte de Constitucionalidad, donde se busca revisar la legalidad del proceso y sus eventuales irregularidades.
La decisión no ocurre en un vacío, la figura de Mazariegos ha estado rodeada de controversia desde su elección original en 2022, lo que ha derivado en protestas, tomas universitarias y cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la gobernanza de la universidad.
El desenlace reafirma una línea de continuidad institucional dentro de la USAC, pero también profundiza la fractura interna, en un escenario donde la legalidad formal del proceso convive con un persistente cuestionamiento sobre su legitimidad política y académica.