La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo definitivo y anuló las órdenes de captura giradas contra más de 30 exfiscales y exintegrantes de la CICIG, entre ellos Thelma Aldana, exfiscal general; Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG; y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, dentro de actuaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
La resolución dejó sin efecto las órdenes emitidas por la Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal, al considerar que la instancia judicial actuó sin competencia legal, ya que las solicitudes debían plantearse ante el juzgado contralor del caso y no directamente ante esa sala.
El caso Odebrecht en Guatemala se remonta a investigaciones iniciadas en 2017 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), relacionadas con supuestos sobornos millonarios pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Según las pesquisas, la empresa habría pagado al menos US$18 millones en sobornos a funcionarios y operadores políticos.
Tras la salida de la CICIG en 2019 y los cambios en el Ministerio Público, el caso tomó un giro cuando se iniciaron investigaciones contra exfiscales y exintegrantes de esa comisión, lo que derivó en las órdenes de captura que ahora fueron anuladas por la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría de los señalados se encuentran fuera del país, lo que convirtió las órdenes en medidas con alcance internacional y elevó la tensión institucional alrededor del caso, considerado uno de los expedientes más sensibles del sistema de justicia guatemalteco.
La resolución de la CSJ no implica absolución ni cierre del caso, sino la anulación de las órdenes por razones procesales, por lo que las investigaciones pueden continuar y el Ministerio Público aún podría plantear nuevas acciones judiciales.
El fallo representa así un giro relevante dentro del caso Odebrecht, uno de los expedientes anticorrupción más importantes de la última década, que continúa generando impacto político y judicial en Guatemala.