La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, al concluir que la medida es incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense. El fallo representa uno de los mayores reveses judiciales para la política migratoria impulsada por el mandatario.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, reafirma una interpretación constitucional vigente desde hace más de un siglo y mantiene el principio de que los hijos nacidos en Estados Unidos adquieren automáticamente la ciudadanía, independientemente de la situación migratoria de sus padres, salvo excepciones muy específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros. El fallo también ratifica el precedente establecido en 1898 por el caso United States v. Wong Kim Ark, considerado la piedra angular de este derecho constitucional.
La orden ejecutiva firmada por Trump buscaba negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encontraran en el país de forma irregular o con visas temporales. De acuerdo con estimaciones citadas durante el proceso judicial, la medida habría afectado cada año a cerca de 250 mil recién nacidos, lo que generó una inmediata ola de demandas por parte de estados, organizaciones civiles y defensores de los derechos de los migrantes.
En su resolución, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sostuvo que la ciudadanía constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y recordó que un presidente no puede modificar por decreto un principio expresamente reconocido por la Carta Magna. Tras conocerse el fallo, Trump lamentó la decisión y afirmó que buscará impulsar una reforma mediante el Congreso, aunque expertos consideran que cualquier modificación enfrentaría importantes obstáculos constitucionales y políticos.
El caso trasciende el debate migratorio y representa una definición sobre el alcance de los poderes presidenciales frente a la Constitución estadounidense. Para organizaciones defensoras de los derechos civiles, la sentencia preserva una garantía histórica que ha definido la nacionalidad estadounidense desde finales del siglo XIX. Para la administración Trump, en cambio, supone un nuevo revés en su intento de endurecer las políticas migratorias y restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento, uno de los pilares del sistema constitucional de Estados Unidos.