El presidente del Congreso, Luis Contreras, calificó de “sicópata” y “enajenado mental” a Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, al responder a los señalamientos que lo vinculan con un supuesto plan para asesinar al comunicador y a integrantes de su equipo. Contreras rechazó las acusaciones, aseguró que carecen de pruebas y confirmó que presentó acciones legales contra Arenas, el medio y quienes puedan resultar involucrados, elevando el tono de una controversia que ya se encuentra en manos de las autoridades.
La confrontación tiene su origen en la denuncia formulada por Arenas, quien sostiene que existe un plan para atentar contra su vida como represalia por publicaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y estructuras del narcotráfico. República GT posteriormente señaló al excandidato presidencial Roberto Arzú, a Contreras y a otros diputados como supuestos participantes en reuniones relacionadas con el complot. Los mencionados han rechazado las acusaciones y anunciado acciones legales, mientras el medio asegura haber presentado la información ante el Ministerio Público y autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora, esas afirmaciones sobre responsabilidades individuales permanecen como señalamientos que deberán ser comprobados dentro de una investigación.
Arenas ha ampliado entretanto su relato sobre las consecuencias de las amenazas. El periodista aseguró que la información recibida lo obligó a modificar algunas de sus rutinas y adoptar medidas adicionales para proteger su seguridad, y reconoció que la situación ha generado preocupación tanto en su vida personal como dentro del equipo de República. Las advertencias no estarían dirigidas únicamente contra él, sino también contra integrantes de la dirección editorial. Arenas sostiene que espera que las investigaciones permitan establecer quiénes están detrás de las intimidaciones y ha insistido públicamente en que el medio continuará con su trabajo periodístico.
El Ministerio Público ya tiene conocimiento formal del caso, pero no ha divulgado hasta ahora detalles suficientes para establecer qué diligencias concretas se han practicado dentro de la investigación relacionada con Arenas. En paralelo, la Fiscalía confirmó amenazas contra fiscales que trabajan en expedientes sobre narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, informó que existe una investigación penal y señaló que se adoptaron medidas de protección y coordinación con las autoridades competentes. El MP aseguró además que las intimidaciones no modificarán el curso de las pesquisas y que sus investigaciones buscan alcanzar no solo a quienes ejecutan delitos, sino también a quienes los planifican, ordenan, financian o encubren.
El caso ha adquirido además una dimensión institucional. El presidente Bernardo Arévalo expresó su “repudio absoluto” a cualquier amenaza contra periodistas y confirmó que el Ministerio de Gobernación se puso en contacto con Arenas para ofrecer apoyo en materia de seguridad. Organizaciones periodísticas y sectores empresariales también han reclamado que los hechos sean esclarecidos, mientras la Embajada de Estados Unidos advirtió sobre la penetración del narcotráfico en espacios políticos de cara al proceso electoral de 2027.
La respuesta de Contreras introduce así una nueva escalada verbal en un asunto que exige principalmente pruebas. Las acusaciones de República GT son suficientemente graves para requerir evidencias que las sustenten, pero las amenazas denunciadas también obligan al Estado a investigar antes de descartarlas o reducir el caso a una confrontación política. Las querellas de los señalados y la denuncia de Arenas abren dos caminos judiciales que deberán avanzar con garantías para todas las partes. Determinar si existió realmente un plan criminal, quién lo habría organizado y si guarda relación con estructuras del narcotráfico será finalmente lo que permita separar una disputa pública cada vez más agresiva de los posibles delitos que están en el centro del caso.