El Congreso de la República aprobó reformas para elevar las pensiones del Instituto de Previsión Militar (IPM) hasta el nivel del salario mínimo, en una medida que beneficiará a miles de jubilados del sector castrense, pero que implica un fuerte impacto para las finanzas públicas.

La normativa establece que ningún pensionado recibirá menos del salario mínimo no agrícola vigente, fijado en aproximadamente Q4 mil 252 mensuales, mediante un mecanismo que ajusta automáticamente las pensiones que no alcancen ese monto.

El decreto contempla inicialmente un aumento base de Q1 mil mensuales, pero incluye una cláusula que permite incrementar el monto hasta alcanzar el salario mínimo, lo que en la práctica eleva algunas pensiones en más de Q4 mil 200, dependiendo del caso.

El beneficio alcanzará a unos 5 mil 700 pensionados, según la iniciativa aprobada, consolidando una de las principales demandas del sector militar retirado.

Sin embargo, la medida tendrá un costo significativo: el impacto fiscal se estima en Q160 millones anuales, lo que reabre el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la presión sobre el presupuesto estatal.

Para garantizar el cumplimiento del incremento, los diputados ordenaron que el Ministerio de Finanzas Públicas realice las readecuaciones presupuestarias necesarias, mientras que el IPM deberá llevar a cabo estudios actuariales y financieros para evaluar la viabilidad del régimen.

Además, se prevé que el instituto suscriba acuerdos con organismos internacionales y contrate estudios técnicos, cuyos resultados deberán ser entregados al Congreso, en un intento por dar sustento técnico a futuras decisiones sobre pensiones.

Aunque el aumento responde a demandas históricas de los jubilados, la aprobación evidencia una tensión recurrente: mejorar beneficios sociales sin un respaldo financiero claro, en un contexto donde expertos advierten sobre los riesgos de ampliar el gasto sin reformas estructurales