La ejecución del subsidio a los combustibles quedó bajo cuestionamiento en el Congreso después de que diputados señalaran aumentos inusuales en el consumo, dudas sobre los mecanismos de control y una rápida subida de los precios en las gasolineras inmediatamente después de terminar el beneficio. La fiscalización busca determinar qué ocurrió durante la vigencia de una subvención que otorgaba Q5 por galón de gasolina superior y regular y Q8 por galón de diésel, y cuyo elevado costo obligó al Gobierno a finalizarla antes del plazo inicialmente contemplado.
Durante una citación con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Administración Tributaria y otras instituciones, el diputado José Chic expuso que el análisis de los datos semanales mostró un incremento del consumo de entre 20% y 30% durante la vigencia del subsidio. El comportamiento contrasta con el crecimiento vegetativo anual de entre 3% y 4% mencionado por representantes del MEM, aunque las autoridades también indicaron que en determinados periodos de este año se registraron aumentos extraordinarios, como el crecimiento de 66% en el consumo de diésel entre febrero y marzo.
Las cifras llevaron a plantear tres posibles explicaciones que ahora deberán ser aclaradas con datos de importación, ventas e inventarios. Entre las hipótesis mencionadas durante la fiscalización figuran operaciones registradas únicamente en documentos, acaparamiento de producto o tráfico de combustible hacia otros países. Se trata, por ahora, de posibilidades planteadas a partir de las variaciones estadísticas y no de irregularidades comprobadas, por lo que el análisis deberá establecer si el aumento respondió a un consumo real o si existieron distorsiones en la cadena de comercialización.
Otra de las dudas se concentra en el comportamiento de los precios al terminar el beneficio. Las autoridades anunciaron el 2 de julio que el subsidio concluía ese mismo día y, desde la jornada siguiente, numerosas estaciones de servicio aumentaron los precios. Los diputados cuestionaron la rapidez del ajuste porque anteriormente se había explicado que las reservas disponibles podían cubrir alrededor de dos semanas de consumo, lo que abre interrogantes sobre la relación entre el combustible almacenado, su costo de adquisición y el precio trasladado inmediatamente al consumidor.
La SAT explicó que dispone de información semanal sobre las importaciones y que durante la vigencia del subsidio el proceso de ingreso de combustible continuó bajo los procedimientos habituales. Los importadores debían presentar declaraciones, facturas y documentos de transporte, además de cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes. El reglamento también establecía que la SAT generara reportes semanales de operaciones para trasladarlos al MEM, mientras la Dirección General de Hidrocarburos tenía responsabilidades de verificación dentro de la cadena de comercialización.
El cuestionamiento adquiere mayor peso por la velocidad con que se consumieron los recursos públicos. A principios de junio, apenas cuatro semanas después de comenzar la subvención, el gasto ya había superado los Q800 millones, impulsado precisamente por el elevado consumo. El programa había sido diseñado con un presupuesto de Q2 mil millones y un costo estimado para el Estado de alrededor de Q22.2 millones diarios, por lo que desde finales de mayo las autoridades ya evaluaban escenarios ante la posibilidad de que los fondos se agotaran antes de los tres meses previstos.
La fiscalización deberá ahora establecer si el aumento del consumo tuvo una explicación económica verificable o si las fallas de control permitieron distorsiones durante la aplicación de la ayuda. El subsidio logró contener temporalmente parte del impacto del encarecimiento internacional sobre los consumidores, pero su ejecución deja preguntas sobre quiénes absorbieron realmente el beneficio, por qué aumentó de forma tan marcada la demanda y cómo los precios pudieron reaccionar con tanta rapidez al terminar la subvención.