La discusión sobre una Política Nacional de Salarios comenzó a tomar forma en Guatemala. La Comisión Nacional del Salario (CNS) inició este martes 30 de junio el proceso para construir un mecanismo que permita establecer una política pública de largo plazo para la fijación del salario mínimo, con criterios técnicos y una visión multianual que sustituya gradualmente el modelo de negociación anual que ha predominado durante décadas.
Durante la sesión celebrada este martes, representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores conocieron los primeros lineamientos del proyecto. La presidenta de la CNS, Diana Schula, expuso las distintas etapas que actualmente conforman el procedimiento para fijar el salario mínimo, un proceso que comienza con la integración de la comisión y concluye con la publicación del correspondiente Acuerdo Gubernativo por parte del Organismo Ejecutivo.
La viceministra de Administración de Trabajo, Damarys Oliva, explicó que la iniciativa no surgió recientemente, sino que forma parte de un proceso técnico iniciado desde finales de 2024, cuyo desarrollo continuará durante los próximos meses con la participación de los distintos sectores representados en la comisión. Según indicó, el objetivo es construir una herramienta consensuada que permita establecer los salarios mínimos con mayor previsibilidad y sustentada en indicadores económicos y laborales.
De acuerdo con la funcionaria, si el proceso concluye durante 2027, la nueva política podría comenzar a aplicarse en la fijación del salario mínimo de 2028. Entre los elementos que ya empezaron a discutirse figuran criterios como la productividad, los escenarios macroeconómicos, el costo de vida, la generación de empleo formal y otros indicadores económicos, con el propósito de que los ajustes salariales respondan a una metodología previamente acordada y no únicamente a negociaciones anuales.
“Hoy, la Comisión Nacional del Salario inició a conocer la propuesta del sector empleador para definir salarios basados en productividad, escenarios macroeconómicos, entre otros factores”, explicó Oliva, quien subrayó que la construcción de la política buscará el consenso entre trabajadores, empleadores y el Estado.
La iniciativa representa un cambio en la forma en que Guatemala podría definir el salario mínimo en el futuro. Sin embargo, el principal desafío será conciliar los intereses de los distintos sectores en un país donde históricamente las negociaciones salariales han estado marcadas por desacuerdos que, en numerosas ocasiones, han obligado al Ejecutivo a fijar unilateralmente el incremento anual. Si prospera, la nueva política nacional buscará dotar de mayor certeza, transparencia y previsibilidad a uno de los temas económicos con mayor impacto sobre los trabajadores, las empresas y la competitividad del país.