Colombia mantiene este miércoles una carrera contra el tiempo para localizar sobrevivientes del terremoto de magnitud 7.4, mientras los equipos de emergencia continúan removiendo escombros en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia y otras localidades del centro y occidente del país. El último reporte oficial eleva a 239 las personas fallecidas y a 3,755 las heridas, mientras 287 continúan desaparecidas, aunque las cifras permanecen abiertas conforme avanzan las búsquedas y se consolida la información procedente de las zonas afectadas.
Las operaciones se concentran especialmente en los sectores donde todavía existen personas atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras continúan las réplicas y las inspecciones para determinar qué edificios pueden seguir ocupados. Rescatistas, bomberos, militares y equipos especializados trabajan en diferentes puntos y reciben refuerzos nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, centros de acopio en distintas ciudades comenzaron a canalizar alimentos, agua, medicamentos y productos básicos hacia Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, algunas de las regiones que concentran los mayores daños.
La emergencia comienza también a entrar en una segunda fase. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia nacional y anunció desde Armenia un primer paquete de alivios para las familias damnificadas, después de recorrer también Pereira y Manizales. El Gobierno realizará un censo para determinar el número de afectados y estableció que las familias incluidas en la caracterización no tendrán que pagar los servicios públicos durante tres meses, costo que será asumido por el Estado. La declaratoria permitirá además adoptar medidas administrativas y presupuestarias extraordinarias para enfrentar la crisis.
En vivienda, De la Espriella ordenó identificar a las familias que perdieron sus casas o no pueden regresar a ellas para concederles subsidios de arrendamiento durante los primeros tres meses, mientras se prepara un programa de reconstrucción y un proyecto habitacional para damnificados. El impacto también obliga a intervenir en educación: más de 880 instituciones educativas presentan algún tipo de afectación, por lo que el presidente anunció un plan de choque para recuperar temporalmente la educación virtual, similar al utilizado durante la pandemia, hasta que los establecimientos puedan volver a operar con seguridad.
A las ayudas sociales se suman medidas económicas. El Gobierno anunció el aplazamiento por un mes del pago del impuesto sobre la renta para personas naturales, mientras la Cancillería instaló un puesto de mando para coordinar la cooperación internacional. Naciones Unidas y varios gobiernos ya mantienen contactos con Colombia para canalizar asistencia, y países como El Salvador y Estados Unidos han expresado disposición para aportar rescatistas, insumos u otro tipo de apoyo conforme se definan las necesidades sobre el terreno.
El terremoto se convierte así en la primera gran prueba de gestión para De la Espriella, apenas cinco días después de asumir la Presidencia. La prioridad inmediata continúa siendo encontrar personas con vida y atender a los heridos, pero el desafío empieza a ampliarse hacia la reconstrucción de viviendas, la recuperación de cientos de centros educativos, el restablecimiento de servicios y la atención económica de miles de familias. Con desaparecidos todavía por localizar y daños que siguen siendo evaluados, el Gobierno enfrenta simultáneamente la fase más urgente del rescate y el comienzo de una recuperación que previsiblemente se extenderá durante meses.