Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia acordaron fortalecer la coordinación regional para enfrentar el avance del crimen organizado transnacional, en una reunión de alto nivel celebrada en Santiago que reunió a cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países. El encuentro concluyó con la firma del denominado “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, una iniciativa que busca articular respuestas conjuntas frente al narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero y otras redes criminales que operan a través de las fronteras sudamericanas.
El acuerdo contempla la creación de un Grupo de Trabajo Regional y la elaboración de un Plan de Acción Conjunto, con medidas orientadas a mejorar el intercambio de información, la coordinación fronteriza, la inteligencia financiera y las capacidades operativas entre los Estados participantes. Las autoridades señalaron que el objetivo es avanzar hacia resultados concretos y verificables, en lugar de limitarse a declaraciones políticas.
Durante la reunión, el presidente chileno José Antonio Kast aseguró que la iniciativa “no es solo un gesto político”, sino una respuesta a una amenaza que afecta directamente la estabilidad institucional y la seguridad de la región. Las autoridades participantes coincidieron en que las organizaciones criminales han ampliado su capacidad de operación transfronteriza, aprovechando debilidades estatales y diferencias legales entre países.
El encuentro estuvo marcado por la preocupación creciente por estructuras criminales como el Tren de Aragua, bandas vinculadas al narcotráfico internacional y redes dedicadas al tráfico de migrantes, armas y contrabando. Los gobiernos reconocieron que ninguna nación puede enfrentar por sí sola organizaciones que operan simultáneamente en varios países y que han incrementado su capacidad financiera y territorial durante los últimos años.
Uno de los aspectos centrales del acuerdo será la coordinación en zonas fronterizas, consideradas por varios gobiernos como puntos críticos para el movimiento de drogas, armas y personas. Además, se acordó impulsar mecanismos permanentes de cooperación entre fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y autoridades judiciales.
La iniciativa refleja un cambio de enfoque cada vez más visible en América Latina, donde distintos gobiernos comienzan a priorizar esquemas de seguridad regional frente a fenómenos criminales que ya no responden a dinámicas exclusivamente nacionales. La expansión del narcotráfico, el aumento de homicidios y el fortalecimiento de organizaciones transnacionales han empujado a varios países a buscar estrategias conjuntas para contener el problema.
Los países participantes acordaron volver a reunirse dentro de 180 días para evaluar avances y revisar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Además, el acuerdo será presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con la intención de ampliar la cooperación hemisférica y sumar nuevos actores a la estrategia regional contra el crimen organizado.