La Corte de Constitucionalidad (CC) denunció públicamente amenazas y agresiones dirigidas contra su presidenta, Annabella Morfín, y otros magistrados del máximo tribunal del país, en un pronunciamiento que vuelve a colocar bajo tensión el clima político e institucional en Guatemala.
En un comunicado oficial difundido la noche del 6 de mayo, la alta Corte expresó “profunda preocupación” por las intimidaciones registradas en los últimos días y rechazó cualquier acción que busque afectar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional. El tribunal recordó además que la CC actúa como órgano permanente e independiente de los demás poderes del Estado, encargado de defender el orden constitucional.
La magistratura constitucional hizo un llamado tanto a ciudadanos como a actores públicos y privados a conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de violencia o intimidación. La Corte reiteró que continuará ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución y las leyes vigentes.
La denuncia surge en un contexto particularmente delicado para el sistema judicial guatemalteco. La nueva integración de la CC asumió funciones en abril, en medio de acciones legales y disputas alrededor de la elección de magistrados, mientras el país atraviesa simultáneamente el proceso de designación de un nuevo fiscal general y fuertes tensiones alrededor del Ministerio Público.
Durante su discurso de toma de posesión, Morfín había advertido que Guatemala enfrenta “una crisis de credibilidad y confianza” en sus instituciones, comprometiéndose a ejercer una gestión basada en imparcialidad, objetividad e independencia judicial.
La advertencia de la Corte se produce además en un momento donde distintos sectores nacionales e internacionales han insistido en la necesidad de preservar la independencia judicial y evitar presiones políticas sobre los órganos constitucionales del país. Organizaciones civiles y observadores internacionales han señalado reiteradamente que el debilitamiento de las instituciones de justicia representa uno de los principales riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala.
En un escenario marcado por disputas políticas, presiones sobre el sistema de justicia y crecientes confrontaciones institucionales, las amenazas denunciadas por la Corte de Constitucionalidad vuelven a abrir interrogantes sobre el nivel de deterioro democrático y el margen real de independencia con el que actualmente operan las más altas instancias judiciales del país.