La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el amparo provisional que mantenía suspendida la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, con lo que el Gobierno podrá retomar uno de sus principales proyectos para fortalecer el sistema penitenciario. La resolución da la razón al Ministerio de la Defensa Nacional, que promovió un ocurso de queja contra la decisión emitida por la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal, la cual había paralizado la obra desde marzo pasado.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, explicó que el fallo habilita el inicio de la fase física del proyecto, aunque algunos procedimientos judiciales relacionados con el expediente administrativo continuarán su curso. Según el funcionario, los trabajos podrían comenzar entre la segunda y tercera semana de julio, con el movimiento de tierras y la conformación de terraplenes, mientras que el cronograma elaborado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército contempla un plazo de 12 meses para concluir la obra y entregarla al Ministerio de Gobernación.
La prisión de El Triunfo está diseñada para albergar a integrantes de maras, pandillas y estructuras del crimen organizado de alta peligrosidad, como parte de la estrategia gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reducir la capacidad de operación de grupos criminales desde las cárceles. El proyecto se desarrolla en un inmueble extinguido a favor del Estado, argumento que el Gobierno ha utilizado para defender la legalidad de la construcción frente a las acciones promovidas por distintos sectores.
De acuerdo con Sáenz, esta es la cuarta resolución favorable obtenida por el Estado dentro de los distintos recursos legales interpuestos para detener la obra. No obstante, el proceso judicial aún no concluye, ya que la CC ordenó que el expediente sea remitido a la Corte Suprema de Justicia, que deberá conocer el fondo del amparo. Mientras tanto, la resolución permite que el Ejecutivo continúe con la construcción, considerada una pieza clave en la política de seguridad impulsada por el Gobierno.
La decisión representa un respaldo jurídico para uno de los proyectos más emblemáticos de la administración de Bernardo Arévalo, aunque también anticipa que el debate sobre la legalidad, el impacto social y el alcance de la nueva prisión continuará en los tribunales. Con el fallo constitucional, el Ejecutivo gana tiempo para avanzar en una obra que considera estratégica para enfrentar el hacinamiento carcelario y fortalecer el combate contra las organizaciones criminales.