Más de 50 organizaciones del sector empresarial guatemalteco solicitaron este lunes 25 de mayo al Congreso de la República aprobar con urgencia la nueva ley contra el lavado de dinero, en medio de crecientes presiones internacionales y advertencias sobre posibles consecuencias financieras para el país.
La discusión ocurre en un momento especialmente sensible para el país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) inició este lunes una misión técnica en Guatemala que se extenderá hasta el 5 de junio, como parte de la revisión anual contemplada en el Artículo IV, mientras el Congreso enfrenta simultáneamente presión internacional para actualizar la legislación financiera bajo estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El CACIF calificó la aprobación de la normativa como “urgente” y advirtió que Guatemala ya no tiene margen para continuar retrasando la reforma. El sector privado considera que no aprobar la ley podría afectar directamente la confianza internacional, las relaciones bancarias, la inversión extranjera y operaciones vinculadas a remesas y financiamiento externo.
La junta directiva del Congreso, encabezada por Luis Contreras, también ha intensificado esfuerzos para acelerar la aprobación de la iniciativa, bajo presión tanto de organismos internacionales como de sectores financieros locales preocupados por un posible deterioro de la imagen del país ante evaluaciones internacionales.
La normativa busca modernizar una legislación que tiene aproximadamente 25 años y adecuarla a estándares internacionales de prevención de lavado de dinero, financiamiento ilícito y trazabilidad financiera. El objetivo central es evitar que Guatemala termine incluida en listas grises internacionales, escenario que podría encarecer operaciones bancarias, afectar acceso a crédito y deteriorar la percepción de riesgo país.
La presión internacional también ha aumentado desde Estados Unidos. En días recientes, la embajada estadounidense instó públicamente a los diputados a aprobar la ley sin modificaciones que reduzcan su alcance, argumentando que la normativa es clave para cerrar espacios al narcotráfico y otras estructuras criminales.
Sin embargo, detrás del discurso técnico y financiero continúa desarrollándose una fuerte disputa política dentro del Congreso. Distintas bancadas han intentado introducir cambios, excepciones y modificaciones a la iniciativa, mientras otros sectores buscan acelerar la aprobación para evitar consecuencias económicas externas.
Uno de los puntos más sensibles gira alrededor de las llamadas “personas obligadas”, categoría que incluiría no solo bancos, sino también abogados, notarios, auditores, cooperativas, vendedores de bienes de alto valor y operadores vinculados a activos virtuales, ampliando significativamente el alcance de supervisión financiera dentro del país.
El debate termina exponiendo algo más profundo que una simple discusión legislativa: la dificultad histórica del sistema político guatemalteco para aprobar mecanismos que incrementen controles financieros y trazabilidad del dinero en un país donde corrupción, economía informal y estructuras criminales continúan teniendo fuerte peso económico y político.
Mientras tanto, el reloj internacional sigue avanzando. Y con el FMI revisando estabilidad macroeconómica y Gafilat observando el avance de la legislación antilavado, el Congreso empieza a quedar cada vez más contra las cuerdas.