La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua, consolidando la política de mano dura del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
La enmienda, aprobada con 59 de 60 votos, modifica el artículo 27 de la Constitución para permitir penas de prisión de por vida a homicidas, violadores y terroristas, rompiendo con el modelo anterior que limitaba el encarcelamiento efectivo a 60 años.
El cambio supone un giro estructural en el sistema penal salvadoreño. Hasta ahora, la Constitución prohibía la cadena perpetua bajo un enfoque orientado a la rehabilitación del reo, principio que queda desplazado por un modelo de castigo permanente.
La reforma se enmarca en el régimen de excepción vigente desde 2022, bajo el cual más de 90 mil personas han sido detenidas en operativos contra pandillas, en muchos casos con cuestionamientos sobre el debido proceso.
El gobierno defiende la medida como necesaria para combatir la criminalidad. Bukele había anticipado el debate al afirmar que se vería “quién se atreve a defender” que criminales no permanezcan en prisión, en línea con su discurso de endurecimiento penal.
La reforma aún deberá ser ratificada en una segunda votación para entrar plenamente en vigor, pero ya marca un punto de inflexión: El Salvador pasa de un modelo de reinserción a uno de castigo permanente, en medio de un debate regional sobre seguridad y derechos humanos.