El hallazgo de una bomba de 250 kilos sin detonar en la frontera encendió una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, elevando la tensión a un nivel inédito.
El artefacto fue encontrado en el departamento colombiano de Putumayo, cerca de una vivienda campesina, tras lo que el presidente Gustavo Petro denunció que su país estaba siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano.
Las investigaciones preliminares apuntan a que la bomba habría sido lanzada por la fuerza aérea ecuatoriana en operaciones contra el narcotráfico, pero no explotó y terminó cruzando la frontera por inercia.
Aunque no detonó, el riesgo era crítico: expertos colombianos realizaron una explosión controlada para evitar una tragedia mayor en la zona.
El incidente agravó un conflicto ya latente. Petro cuestionó que grupos armados no tienen capacidad aérea, apuntando implícitamente a responsabilidad estatal, mientras el presidente ecuatoriano Daniel Noboa negó cualquier incursión en territorio colombiano.
El trasfondo es más amplio: Ecuador mantiene operaciones militares intensivas contra grupos vinculados al narcotráfico, con apoyo internacional, en una frontera históricamente permeable.
Como respuesta, ambos países acordaron crear una comisión técnica binacional para esclarecer lo ocurrido y evitar una escalada mayor.
Más allá del episodio, el mensaje es inquietante: la lucha contra el crimen organizado está empezando a desbordar fronteras, con riesgos directos de choque entre Estados.