El Gobierno de Bolivia declaró este martes “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión inmediata tras acusar al presidente colombiano, Gustavo Petro, de intervenir en asuntos internos bolivianos mediante su respaldo público a las protestas contra el mandatario Rodrigo Paz.
La crisis diplomática estalló después de varias publicaciones realizadas por Petro durante los últimos días en la red X, donde calificó las movilizaciones bolivianas como una “insurrección popular” y expresó apoyo político a sectores que mantienen protestas y bloqueos contra el gobierno boliviano. El mandatario colombiano incluso se ofreció públicamente para mediar en el conflicto interno que atraviesa Bolivia.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó que la expulsión responde a lo que calificó como “declaraciones de injerencia” por parte de Petro y al respaldo otorgado a movimientos que el oficialismo boliviano considera desestabilizadores. Según el gobierno de Rodrigo Paz, las declaraciones colombianas cruzaron una línea diplomática sensible en medio de una crisis interna marcada por protestas, bloqueos y enfrentamientos políticos cada vez más tensos.
La tensión ocurre además en un contexto especialmente delicado para Bolivia. Durante las últimas semanas, el país ha enfrentado protestas masivas, bloqueos carreteros y crecientes dificultades económicas vinculadas a escasez de combustible, inflación y falta de dólares. El gobierno boliviano acusa además a sectores cercanos a Evo Morales de intentar desestabilizar la administración de Rodrigo Paz para evitar procesos judiciales abiertos contra el exmandatario.
La decisión también vuelve a colocar a Petro en el centro de nuevas controversias diplomáticas regionales. Durante su presidencia, el mandatario colombiano ya protagonizó tensiones con Perú, El Salvador y otros gobiernos latinoamericanos debido a comentarios sobre crisis políticas internas y derechos humanos. En Perú, incluso fue declarado “persona non grata” por sectores del Congreso tras sus declaraciones sobre Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Aunque Bolivia aclaró que la expulsión de Elizabeth García no implica una ruptura formal de relaciones diplomáticas con Colombia, el episodio refleja el creciente nivel de polarización política que empieza a extenderse también al plano regional latinoamericano. Mientras Petro insiste en presentarse como mediador y defensor de movimientos populares, gobiernos más conservadores de la región comienzan a interpretar sus posicionamientos como actos de intervención política directa.
https://eldeber.com.bo/pais/canciller-aramayo-petro-vaya-chapare-lleve-evo-justicia_1779293219 – refeurza el tono segun este enlace
Bolivia expulsa a embajadora colombiana y endurece choque con Petro
El Gobierno de Bolivia declaró este martes “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión inmediata tras acusar al presidente colombiano, Gustavo Petro, de intervenir en asuntos internos bolivianos mediante su respaldo público a las protestas contra el mandatario Rodrigo Paz.
La crisis diplomática escaló después de varias publicaciones realizadas por Petro en la red X, donde calificó las movilizaciones bolivianas como una “insurrección popular”, habló de “presos políticos” y expresó apoyo al expresidente Evo Morales, hoy señalado por el gobierno boliviano como uno de los principales actores detrás de la desestabilización política que vive el país.
Sin embargo, el tono del conflicto aumentó todavía más tras las declaraciones del canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien respondió directamente a Petro con una frase que rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales: “Vaya al Chapare y llévese a Evo ante la justicia”. La referencia al Chapare no es menor. Se trata del bastión político y sindical de Evo Morales, además de una de las regiones históricamente más sensibles para el narcotráfico y los cultivos de coca en Bolivia.
El mensaje del canciller boliviano refleja hasta qué punto el gobierno de Rodrigo Paz interpreta las declaraciones de Petro no solo como una opinión diplomática incómoda, sino como una intromisión directa en medio de una crisis interna extremadamente delicada. Las autoridades bolivianas acusan además a Morales de intentar utilizar protestas, bloqueos y movilizaciones para evitar procesos judiciales abiertos en su contra.
La situación ocurre mientras Bolivia atraviesa uno de los momentos políticos y económicos más tensos de los últimos años. El país enfrenta escasez de combustible, falta de dólares, inflación creciente y protestas que ya dejaron muertos, decenas de heridos y más de 40 bloqueos carreteros. Estados Unidos incluso llegó a calificar parte de las movilizaciones como un “golpe de Estado en marcha”.
La expulsión de Elizabeth García también representa un golpe simbólico para Petro. La diplomática, perteneciente al pueblo indígena arhuaco y exiliada durante años en Canadá, había sido nombrada por el mandatario colombiano como parte de su estrategia de acercamiento político e ideológico con gobiernos y movimientos indígenas de la región.
Aunque Bolivia aclaró que la medida no implica ruptura formal de relaciones diplomáticas con Colombia, el episodio refleja el creciente nivel de polarización política regional alrededor de Petro. Mientras el presidente colombiano insiste en presentarse como mediador y defensor de movimientos populares latinoamericanos, gobiernos más conservadores comienzan a interpretar sus posicionamientos como actos de intervención política directa en crisis internas de otros países.